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Silencio o muerte en la prensa mexicana

5. Una obligación federal

En su ofensiva contra la delincuencia organizada, el gobierno federal ha omitido un frente crucial: los ataques contra el derecho constitucional a la libertad de expresión deben abordarse a nivel nacional.


Cuando la administración de Felipe Calderón Hinojosa anunció una ofensiva nacional contra los poderosos grupos criminales que amenazan la estabilidad del país, señaló que los gobiernos estatales y municipales son muy débiles y corruptos para librar una batalla tan importante para el futuro de México. Casi cuatro años después de comenzar su embestida, el gobierno federal ha fallado en asumir su responsabilidad en uno de los frentes cruciales de la guerra: los ataques generalizados e impunes que están destruyendo el derecho que tienen los ciudadanos a la libertad de expresión, protegido por la constitución y las leyes internacionales. Los mismos gobiernos estatales y municipales tan profundamente corrompidos por los grupos delictivos siguen en gran medida a cargo de combatir los delitos contra la libre expresión, incluyendo asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación. Sus antecedentes, un fracaso casi completo para hacer cumplir la ley en los delitos contra la prensa, requieren que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo actúen de manera urgente para asumir la responsabilidad por esta crisis nacional.

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El gobierno federal tiene responsabilidades nacionales e internacionales que lo obligan a enfrentar la impunidad en la violencia contra los periodistas. Los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan el derecho individual a la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero la desenfrenada violencia en los hechos ha impedido a los mexicanos ejercer esta prerrogativa. Como signatario de tratados internacionales, el gobierno mexicano tiene la obligación de proteger los derechos humanos que tales convenios garantizan. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho "a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". El pacto requiere, además, que los gobiernos proporcionen una "reparación efectiva" a aquellos ciudadanos que vieron violados sus derechos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la libre expresión casi en idénticos términos y señala que todo individuo tiene el "derecho a un recurso sencillo y rápido...que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales".

Sin embargo, frente a las notorias y generalizadas violaciones a los derechos humanos básicos, el gobierno federal no ha proporcionado reparaciones efectivas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que evalúa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determinó en marzo de 2010 que el gobierno mexicano ha fallado en emprender acciones efectivas para proteger a la prensa y para llevar a quienes la agreden ante la justicia. El comité instó a "tomar medidas inmediatas para proporcionar protección eficaz a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades profesionales". También hizo un llamado al gobierno para "velar por la investigación inmediata, efectiva e imparcial de las amenazas, ataques violentos y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos y enjuiciar a los autores de tales actos". En respuesta a lo anterior, representantes del gobierno mexicano prometieron crear mejores formas de proteger a los periodistas, pero no proporcionaron mayores detalles al respecto.

Las reformas más importantes, aquellas que respaldan defensores de la libertad de prensa, deberían incluir a los delitos contra la libertad de expresión al código penal de la federación, otorgar a las autoridades federales la facultad de investigar los ataques contra la prensa y establecer un sistema de responsabilidades en los más altos niveles del gobierno nacional. Más allá de algunas promesas de alto rango y cierta actividad legislativa, principalmente en 2008 y 2009, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo no lograron avanzar seriamente en esas reformas, dejando la investigación de los delitos contra la prensa en manos de autoridades estatales.

"Existe un consenso entre la comunidad de libertad de prensa en que las autoridades federales pueden dar una respuesta mejor y más contundente que las autoridades estatales en los casos de graves violaciones a la libertad de expresión", declaró Luis Raúl González Pérez, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en el tema. Aún cuando el desempeño de las autoridades federales se ha visto en ocasiones contaminado por la corrupción y la negligencia, normalmente están mejor entrenados, están bajo un mayor escrutinio y cuentan con mayores recursos financieros y humanos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), grupo regional de editores y directores de diarios, ha impulsado durante mucho tiempo la federalización de los delitos contra la libertad de expresión. Su director de libertad de prensa, Ricardo Trotti, señala que la federalización es esencial para el futuro del país como una democracia. Trotti, al igual que González, señalan que los funcionarios estatales "son más vulnerables a la presión de la delincuencia organizada o la corrupción política", la cual compromete su capacidad para atender delitos contra la libre expresión.

Una comisión legislativa que monitorea los ataques contra la prensa, fue más dura aún al evaluar la capacidad de los funcionarios estatales para hacer cumplir la ley. "La principal razón de la federalización es que las autoridades locales son frecuentemente los perpetradores de estos delitos", señaló el comité en un informe de febrero del 2010 que identificó la federalización de los delitos contra la prensa como una de sus metas estratégicas. Las propias investigaciones del CPJ han encontrado que al menos nueve de los periodistas asesinados o desaparecidos durante el mandato de Calderón, habían estado investigando activamente la corrupción en los gobiernos estatales y locales.

La administración de Calderón ha estado abierta al diálogo sobre el tema en ocasiones anteriores; el presidente y miembros de su gabinete se reunieron con una delegación del CPJ en junio de 2008. Los representantes del CPJ presentaron ante Calderón una serie de principios enfocados para la protección de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y la creación de un sistema de responsabilidad sobre estos temas a nivel federal. En dichos principios, el CPJ promovió legislación que federalice los delitos contra la libre expresión y la libertad de prensa; garantías para que dicha ley federal se apegue a las normas internacionales; y reformas para fortalecer la autoridad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas. La oficina del fiscal especial, creada durante el gobierno de Vicente Fox con el apoyo del CPJ, ha sido uno de los pocos pasos emprendidos para afrontar el problema a nivel federal. Sin embargo, en la práctica, la fiscalía ha demostrado una gran ineficacia.

"El gobierno está de acuerdo con la idea de federalizar los delitos contra la libertad de expresión", afirmó Calderón ante la delegación del CPJ. Prometió elaborar una iniciativa, pero aclaró que estaría en el contexto de una amplia reforma constitucional para afrontar la espiral de violencia que afecta a muchos sectores de la sociedad.

Desde 2008, el Poder Ejecutivo y el Congreso se han movido con lentitud para federalizar los delitos contra la libre expresión. Hasta el momento todos los esfuerzos se han quedado en intentos. En octubre de 2008, Calderón envió al Congreso un proyecto de ley proponiendo una enmienda constitucional para convertir en delito federal a todo crimen vinculado a "violaciones a los valores fundamentales de la sociedad, seguridad nacional, derechos humanos o libertad de expresión, o que por su relevancia social trascienda el dominio de los estados". El CPJ y otros expresaron su preocupación de que ese lenguaje tan amplio, que permite al gobierno federal intervenir en casos de "relevancia social" pudiera estar abierto a malas interpretaciones y abusos. El hecho de que la propuesta viniera en forma de una reforma constitucional complicaba aún más sus posibilidades de aprobación. Las reformas constitucionales requieren de dos tercios del voto del Congreso y una aprobación por mayoría en los congresos estatales. Trotti de la SIP está entre quienes creen que la federalización no será aprobada si depende del apoyo de los políticos estatales.

En la Cámara de Diputados se han adoptado otros enfoques. La comisión que monitorea los ataques contra la prensa remitió una iniciativa de ley que cambiaría directamente el código penal de la federación, para incluir los delitos contra la libertad de expresión. Aunque la iniciativa se estancó, la Cámara de Diputados sí aprobó una ley en abril de 2009 que hubiese agregado delitos contra la "actividad periodística" al código penal de la federación, estableciendo penas de hasta cinco años para cualquier persona que "impida, interfiera, limite o ataque" dichas actividades. Las sentencias se duplicarían si el autor del delito fuese un funcionario público. La iniciativa no avanzó en el Senado.

La Cámara de Diputados también debatió su propia versión de la reforma constitucional. La iniciativa, que hubiese dado a las autoridades federales jurisdicción para investigar y procesar delitos contra la libre expresión, eliminó aquello de la "relevancia social" que algunos habían encontrado problemático en la propuesta de Calderón. La medida fue aprobada por la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados, pero no avanzó más allá de aquella instancia.

Casi toda la actividad se desarrolló antes de que las elecciones de julio de 2009 cambiaran la composición de la legislatura. Desde entonces, una falta de consenso entre los partidos políticos en la cámara baja y una falta de voluntad para negociar dichas diferencias, así como el surgimiento de otras prioridades, han apagado las perspectivas de una reforma, señala Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM. "La Cámara de Diputados se ha movido muy lentamente", explica González Pérez, y cuando se movió, sus planteamientos han sido imperfectos e incompletos.

No sorprende que los legisladores no tengan prisa alguna, afirma Gastón Luken, diputado por el estado de Baja California y miembro del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN). Luken, quien apoya la federalización, afirma que una paralización partidista en la Cámara de Diputados está descarrilando toda clase de legislaciones. La aprobación de una medida para combatir delitos contra la prensa necesita del apoyo de los tres partidos mayoritarios en la cámara baja, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Representantes de los tres partidos políticos han expresado ocasionalmente su apoyo a la federalización, pero unirlos para apuntalar un solo proyecto de ley ha demostrado ser una tarea resbaladiza. Los cálculos políticos, incluyendo cuál de los partidos podría reclamar una victoria en el asunto, se han puesto por encima de cualquier avance hasta el momento, apuntó Luken.

Los legisladores también saben que la federalización no es del agrado de los líderes políticos en sus respectivos estados, en especial de los gobernadores, según afirma Gerardo Priego Tapia, ex diputado panista que fue presidente de la comisión del Congreso para monitorear los ataques a la prensa. Muchos de estos poderosos gobernadores ven a la federalización como una contravención a los derechos del estado, sin mencionar su propia autoridad. La oposición ha sido más fuerte en algunos de los estados con los más altos índices de violencia contra la prensa, afirmó el ex legislador.

Dado que muchos políticos estatales están vinculados a organizaciones delictivas, indicó Priego Tapia, los funcionarios corruptos también tienen mucho que temer con una eventual federalización. "Las autoridades estatales no quieren que el gobierno federal se haga cargo de las investigaciones, porque dichos vínculos podrían salir a la luz". Los procuradores de justicia de los estados, designados por los gobernadores de turno, son en la actualidad quienes investigan casi todos los ataques contra la prensa, lo que significa que las averiguaciones previas pueden manipularse por consideraciones estrictamente políticas, afirma Priego Tapia. Las autoridades federales pueden atraer el caso sólo si se determinara que el delito está relacionado con la delincuencia organizada o si se utilizaron armas de uso exclusivo del ejército.

El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, refutó las afirmaciones sobre la existencia de irregularidades generalizadas en los estados, pero dice que aún así apoya la federalización. "La violencia contra la prensa se ha convertido en un problema nacional que requiere de una solución federal", declaró al CPJ. El mandatario estatal, de extracción panista, cree firmemente en que se podría convencer a algunos gobernadores para que apoyen la federalización. "Crear un sistema más transparente de rendición de cuentas y proteger el derecho de la ciudadanía a ser informado sería beneficioso para México".

La federalización de los delitos contra la libre expresión es un elemento central de la reforma, pero es necesario adoptar otras medidas para completar el esfuerzo. Es vital contar con un Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión con mayores poderes y autonomía. La investigación del CPJ indica que esta fiscalía no ha promovido pasos importantes en los procesos judiciales de delitos contra la prensa en cuatro años de existencia. Dos cambios recientes ofrecen algo de esperanza. Gustavo Salas Chávez, ex fiscal de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, fue designado para el puesto en febrero de 2010, en sustitución de Octavio Orellana Wiarco, mejor recordado por sus comentarios públicos restando importancia a la gravedad de los delitos contra la prensa. La fiscalía especial, según se anunció en julio, funcionará bajo la supervisión directa de la Procuraduría General de la República, en lugar de hacerlo bajo las órdenes de la Subprocuradura de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

Raúl González Pérez, de la UNAM, afirmó que la procuraduría general de justicia en sí misma requiere hoy de mayor autonomía, mientras que los ministerios públicos que investigan delitos contra la prensa deberían recibir capacitación adicional. La creación de un comité gubernamental que pudiera proporcionar protección directa a periodistas en riesgo también ayudaría. Señaló que la Secretaría de Gobernación estudia la creación de dicho comité, tomado del modelo implementado en Colombia hace 10 años, idea que varios defensores de la libertad de prensa aplaudieron. En el país sudamericano, un comité de funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil se reúnen frecuentemente para evaluar las necesidades de seguridad de los periodistas cuyo trabajo los haya puesto en peligro. En algunos casos, el comité asigna protección directa del gobierno; en otros, apoya medidas tales como la reubicación del periodista en riesgo. La clave del éxito de dicho comité en México dependería del establecimiento de lineamientos claros de funcionamiento que aseguren su independencia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia jugó un rol importante en la creación del comité gubernamental de protección de periodistas, como lo hizo también en otras iniciativas a las que se atribuyen la reducción de los delitos contra la prensa en ese país. La prensa de Colombia se unió a final de cuentas para presionar al gobierno por estas soluciones. La comunidad periodística de México, durante mucho tiempo polarizada, tiene aún la asignatura pendiente de aliarse alrededor de una serie de principios que promuevan una mayor seguridad para periodistas. "Los medios de comunicación y los grupos de la prensa no se han unido para presionar a los funcionarios. No han sido consistentes", según admitió Trotti de la SIP. Una estrategia unificada que se haga oír entre los medios mexicanos ayudaría a reubicar las reformas constitucionales en la agenda nacional y generaría el tipo de apoyo popular que se necesita para promover su aprobación.

Quienes apoyan la federalización saben que ello no pondrá fin a la violencia exacerbada por el narcotráfico, la extorsión y otras actividades criminales. La investigación del CPJ ha encontrado varios casos en los que las autoridades federales, sea por corrupción o negligencia, no han respondido en forma adecuada a la violencia contra la prensa. La seguridad de los periodistas dependerá siempre en gran medida de la situación general de seguridad en el país.

Pero la federalización enviaría el importante mensaje de que los líderes nacionales reconocen la gravedad de la situación y están asumiendo la responsabilidad de corregirla. La comunidad internacional tiene un interés inherente en lograr que el gobierno federal afronte este problema: los grupos delictivos adquieren cada vez más el carácter de transnacionales y la lucha contra su corrosiva influencia se puede librar con éxito solo a gran escala. Mientras más permita México que los carteles de la droga y los funcionarios locales deshonestos controlen el flujo informativo, más se deteriorará su estatus como un socio global confiable.

A pesar de las deficiencias, los policías investigadores y ministerios públicos federales están mejor preparados que sus colegas en los estados para enfrentar un problema nacional. La mayor disponibilidad de recursos en el orden federal ofrece esperanzas de una respuesta más eficiente. El más alto nivel de escrutinio funciona además como un escudo contra el poder corruptor del crimen organizado.

Cuando el editor Jorge Ochoa Martínez fue asesinado en Ayutla de los Libres en enero de 2010, sus colegas reconocieron que su muerte bien pudo ser producto de una disputa personal. El problema, según sus colegas, es que nunca lo sabrán. Y eso, por sí mismo, ha sembrado el temor y la autocensura. "Lo único que queremos es que concluya la investigación, no importa cuál sea el resultado", afirmó Juan García Castro, amigo de Ochoa y director de la asociación de semanarios en el estado de Guerrero. Si fue un asunto personal, continuó García Castro, "podemos aceptarlo, pero queremos una investigación transparente".

Aquello no sucede casi nunca en México, porque los delincuentes han asumido el control de las fuerzas de seguridad, desde Guerrero hasta Tamaulipas. "Nada es más perjudicial para un pueblo que un gobierno que no cuida sus ciudadanos", asevera Armando Prida Huerta, dueño de Síntesis, una cadena de periódicos regionales y presidente del grupo de apoyo a la prensa denominado Fundación para la Libertad de Expresión. "Sin la federalización de los delitos contra la prensa, la violencia contra los medios continuará".

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