Nueva York, 29 de Marzo de 2010—Un tribunal de apelación debe revertir la condena por el supuesto delito de injurias que pesa sobre el editor Emilio Palacio y los legisladores deben reformar la legislación arcaica que contradice los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Palacio fue sentenciado el viernes a tres años de prisión por la publicación de un comentario sobre el presidente de una entidad financiera estatal.
El caso tuvo origen en una demanda iniciada en octubre de 2009 por Camilo Samán, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, una entidad del gobierno que presta dinero a pequeños emprendedores, según informes de prensa. En un comentario publicado en el periódico El Universo de Guayaquil, el 27 de agosto de 2009, Palacio criticó a Samán por enviar guardaespaldas al periódico para protestar por un artículo sobre la entidad financiera, de acuerdo con los informes de prensa. Samán aseguró que el comentario dañó su reputación.
Al dictar la sentencia, la jueza de la provincia de Guayas también condenó a Palacio, editor de Opinión de El Universo, a pagar $10,000 dólares por costos del proceso judicial, según informes de prensa. Palacio dijo que apelará la sentencia.
La desactualizada legislación de Ecuador en materia de difamación penal ha sido usada en forma sistemática para castigar a periodistas críticos, según una investigación del CPJ. Milton Nelson Chacaguasay, director del semanario La Verdad en la ciudad de Machala, cumplió cuatro meses de prisión el año pasado por una acusación de injuria. El caso tuvo origen en un artículo publicado en 2007, en el que se acusaba al ministro de Finanzas, Francisco Quevedo Madrid, de tener vínculos con un individuo acusado en un esquema Ponzi local.
El domingo, el diario El Comercio de Quito describió una serie de seis casos recientes de acusaciones por difamación penal que enfrentan periodistas ecuatorianos.
“Exhortamos a las autoridades judiciales ecuatorianas a que reviertan la condena del periodista Emilio Palacio”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Legisladores ecuatorianos deben reformar normas sobre difamación penal que están alejadas de los estándares internacionales de libertad de expresión”.
La legislación ecuatoriana también contradice el consenso emergente en Latinoamérica, que considera a las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la prisión como condena para casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó la difamación incluida en el código penal. Y en abril de 2009, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una medida que aplicaba penas graves por injuria y calumnias.