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ARGENTINA: El CPJ monitorea implementación de nueva ley de medios

Nueva York, 8 de diciembre de 2009—Los candidatos propuestos para ocupar cuatro de los siete cargos de la autoridad de aplicación creada bajo una nueva ley de medios audiovisuales impulsada por el gobierno argentino despierta preocupación sobre su independencia, señaló hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El CPJ realizará un monitoreo sobre la implementación de la ley para asegurar que la autoridad de aplicación no sea sometida a interferencias políticas indebidas.

La composición de la autoridad de aplicación está en el centro del debate sobre la reforma de los medios audiovisuales. El organismo estará integrado por dos miembros designados por el ejecutivo, tres por el Congreso, y dos que saldrán de un consejo federal integrado por mayoría de gobernadores e integrantes de la sociedad civil.

El Poder Ejecutivo ha propuesto la designación de Gabriel Mariotto, interventor del anterior ente regulador, y el diputado Manuel Baladrón del partido oficialista Frente para la Victoria, según informes de prensa. Ambos son allegados al gobierno. El consejo federal, en tanto, ha propuesto al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich –quien es miembro del partido gobernante- y a Eduardo Seminara, un académico de la Universidad de Rosario.

Los otros tres integrantes, quienes deben ser seleccionados por una comisión bicameral del Congreso, incluyendo a un integrante del oficialismo, aún no han sido elegidos. La oposición política y grupos de la sociedad civil han impugnado la candidatura de Mariotto, aduciendo que el titular del COMFER habría sido dueño de una FM que funcionaba fuera de la ley. También impugnaron la candidatura de Capitanich, al indicar que el gobernador podría incurrir en un conflicto de intereses por tomar otro cargo de tiempo completo, además de otros cuestionamientos, según informes de prensa. Las impugnaciones se dieron en el marco de un decreto presidencial emitido tras la promulgación de la ley que incorporó un mecanismo de participación ciudadana para la selección de los miembros de la autoridad de aplicación, con un plazo de diez días para presentar críticas o quejas.

“Mientras que esta legislación representa una mejora significativa respecto a la ley de la dictadura que remplazó, nos preocupa que su implementación puede quedar sometida a la manipulación política”, afirmó el Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. “Sobre la base de las recientes designaciones propuestas para la autoridad de aplicación, nos preocupa su eventual autonomía. Seguiremos monitoreando su implementación  para asegurar que la ley cumpla con los objetivos propuestos de crear un ambiente mediático más plural y diverso”.

La ley de medios audiovisuales, presentada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 27 de agosto, fue aprobada por el Senado el 10 de octubre luego de más de cien modificaciones introducidas en Diputados, la cámara baja del Congreso. La presidenta la promulgó enseguida.

La ley reserva un tercio del espacio radioeléctrico para las organizaciones sin fines de lucro; los otros dos tercios se dividirán entre empresas privadas y medios audiovisuales estatales. La ley pone límite a la cantidad de licencias que una empresa puede tener y  reclama una cierta cantidad de espacio para música, películas y programas de producción nacional, según la investigación del CPJ.

La legislación remplazó una ley arcaica sancionada en 1980 durante el régimen militar, que otorgaba control total del Poder Ejecutivo sobre el ente regulador. El gobierno ha manifestado que la ley democratizará la radio y la televisión; la prensa local ha mostrado profundas divisiones. Mientras los críticos están preocupados de que excesiva interferencia política pueda amenazar la libertad de expresión, quienes apoyan la ley afirmaron al CPJ que si el gobierno hubiera querido ejercer control sobre los medios, ya tenía una herramienta efectiva en la ley de 1980.

El debate legislativo tuvo lugar en un clima de antagonismo que aumentó la hostilidad existente entre la administración Kirchner y Clarín, el principal grupo de medios del país. La administración Kirchner, que responsabiliza a Clarín y a otros medios privados de ejercer un periodismo sesgado, abusó verbalmente a un sector de la prensa con una retórica cargada. Clarín acusó al gobierno de atacar al grupo de medios por sus críticas, y apuntó a una serie de incidentes descriptos como “una escalada de hechos agresivos e intimidantes”.      

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