Ataques a la Prensa   |   Bolivia

Ataques a la prensa en el 2008: Bolivia

Los medios de prensa quedaron atrapados en medio de una lucha por el poder cada vez más profunda entre el gobierno de izquierda del Presidente Evo Morales, un indígena Aymara, y los gobernadores conservadores de la oposición en las tierras bajas orientales. La disputa fue alimentada por las crecientes tensiones entre la mayoría indígena de Bolivia, concentrada en la capital, La Paz, y la oposición de origen europeo establecida en las tierras bajas.

Decenas de periodistas fueron atacados, hostigados y amenazados en una ola de violencia que limitó la cobertura periodística de la profunda división política en el país. En marzo, manifestantes que exigían la expulsión del alcalde de Pucaraní, una población a unas 30 millas (48 kilómetros) de La Paz, saquearon la emisora Radio Municipal, propiedad del estado y golpearon severamente al reportero Carlos Quispe Quispe. El periodista, quien sufrió heridas en la cabeza y el pecho, falleció dos días después. El juicio de las seis personas arrestadas en el ataque seguía pendiente hacia fines de año.

Las tensiones entre el gobierno de Morales y los medios privados alcanzaron un nuevo nivel luego de que el comandante de la policía nacional expresara en enero que la inteligencia policial había espiado a políticos de la oposición y a un periodista crítico del gobierno. El anuncio fue hecho poco después de que los medios de prensa recibieran fotografías anónimas que documentaban los esfuerzos para seguir a Juan José Espada, un reportero de la cadena de televisión Unitel, el crítico más duro de Morales. El comandante de la policía, General Miguel Vásquez, afirmó que la maniobra había ocurrido sin su conocimiento y exigió que se hiciera responsable a uno de sus subordinados. El Senado inició una investigación tras la presentación de una demanda por parte de la Asociación de Periodistas de La Paz, pero la investigación estaba estancada a fines de año.

En octubre, luego de un largo y acalorado debate, el Congreso programó un referéndum para el 25 de enero del 2009 sobre una nueva constitución orientada a dar más poder a la amplia y largamente marginada población indígena. Entre las disposiciones más importantes figuran medidas para implementar una reforma agraria.

La controversia envolvió a la constitución en un manto de sombreas durante gran parte del año. Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), habían intentado presionar para conseguir una versión anterior del documento pasando por encima de las objeciones planteadas por líderes de la oposición. Luego de que Morales accediera a realizar una importante concesión -un límite de dos períodos al mandato presidencial-, el Congreso finalmente actuó para votar la constitución. La versión anterior habría permitido la reelección indefinida del presidente. Se esperaba que Morales, en su primer mandato, buscara su reelección en diciembre de 2009.

El Congreso también rectificó una cláusula de la versión anterior que habría debilitado las garantías constitucionales para la libertad de expresión. Según la redacción del borrador inicial, el Artículo 107 de la constitución propuesta establecía que la información y las opiniones expresadas a través de los medios respetarían los principios de "veracidad y responsabilidad". Luego de que grupos de prensa manifestaran su alarma, el documento fue corregido de modo tal que dichos principios -veracidad y responsabilidad - fueran establecidos por instituciones de medios no especificadas. "No cumplió con nuestras expectativas, pero al menos el cambio mantiene al gobierno alejado de todo tipo de regulación," afirmó Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), el grupo de directores de medios.

Mientras la disputa constitucional se agitó durante gran parte del año, los gobernadores de la oposición convocaron a una serie de referendos para declarar la autonomía del gobierno central de Bolivia. La oposición, especialmente en las tierras bajas orientales, ricas en petróleo y gas natural, buscaron retener el control sobre las ganancias generadas localmente y sobre los títulos de propiedad de las tierras que el MAS quería redistribuir entre la población indígena. Se desataron protestas en la ciudad oriental de Santa Cruz luego de que los votantes respaldaran de forma abrumadora la autonomía política en el referéndum del 4 de mayo -una votación que Morales declaró inconstitucional.

Varios periodistas de los medios privados fueron atacados y hostigados mientras crecían las tensiones políticas. Un mes después, medios comunitarios estatales y progubernamentales fueron agredidos por activistas de la oposición mientras cubrían referendos similares en los estados de Pando y Beni, según la prensa local.

La confusión política creció aún más en septiembre cuando se desataron protestas antigubernamentales en varias regiones; grupos de oposición denunciaron los cambios constitucionales proyectados y exigieron una mayor participación en las ganancias obtenidas del gas natural. Enfrentamientos entre partidarios del gobierno y grupos de la oposición dejaron un saldo de 28 personas muertas y decenas de heridos, según informes de la prensa internacional y local. Militantes de la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz asaltaron varios edificios públicos, incluyendo las instalaciones de dos emisoras estatales, causando daños considerables e interrumpiendo la programación. Dos reporteros del diario El Deber de Santa Cruz fueron golpeados con palos por campesinos progubernamentales, según el Instituto Prensa y Sociedad. La reportera de PAT televisión, Claudia Méndez, fue alcanzada por una bala perdida en su tobillo cuando cubría una operación militar en el aeropuerto de Cobija, según la prensa local.

Un decreto firmado por Morales en junio aumentó el control oficial sobre Canal 7, la televisora estatal. El decreto establecía un directorio de cinco miembros compuesto por ministros del gabinete "para diseñar estrategias y planes en el marco de las políticas dictadas por el gobierno nacional". Periodistas locales indicaron que la decisión dejaba a la emisora abierta a la manipulación política. En 2007, financiada con una inversión de 15 millones de bolivianos (2 millones de dólares estadounidenses) proveniente de Venezuela, el gobierno lanzó una red de más de 20 emisoras comunitarias en áreas rurales aisladas y aborígenes. Reporteros locales explicaron que la red era usada para difundir propaganda oficial.

Periodistas y grupos de prensa se quejaron por restricciones en la cobertura periodística. La ANP señaló que el ejército impidió que varios medios privados informaran sobre las secuelas de los violentos enfrentamientos en la ciudad de Cobija. Se les negó permanecer en Cobija a un reportero del diario La Razón y a periodistas de las redes televisas ATB y PAT, en tanto que a miembros del Canal 7 estatal se les permitió quedarse, afirmó la asociación de prensa.


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