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Liberados dos funcionarios sospechados de dispararle a periodista de EEUU

Nueva York, 4 de diciembre de 2006—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) renovó su llamado a las autoridades federales mexicanas para que asuman la investigación del asesinato del periodista estadounidense Bradley Roland Will tras la liberación de dos funcionarios públicos sospechados de haber sido quienes le dispararon.

Will, 36, un documentalista independiente y reportero para el sitio Web de noticias Indymedia, fue asesinado mientras cubría protestas antigubernamentales en la ciudad de Oaxaca el 27 de octubre. Activistas del grupo de izquierda Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y un grupo de de individuos armados, que aparentemente incluía a funcionarios y policías fuera de servicio, se enfrentaron en la municipalidad de Santa Lucía del Camino.

“Juzgamos que dado el actual clima político de Oaxaca, las autoridades locales son incapaces de llevar a cabo una investigación imparcial y rápida”, indicó el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Las autoridades federales deberían buscar una base legal para atraer la investigación y poder asegurarse de que el asesinato de Bradley Will no quedé impune”.

El 1 de diciembre, el juez Victoriano Barroso Rojas liberó al regidor Abel Santiago Zárate y a su jefe de seguridad Orlando Manuel Aguilar, explicando que ambos hombres estaban demasiado lejos de Will para haber sido quienes le dispararon. Ambos funcionarios habían sido detenidos algunos días después de la muerte de Will. Fotografías y grabaciones del incidente ayudaron a las autoridades a identificar a los sospechosos.

El Juez Barroso indicó al CPJ hoy que el resultado de la autopsia y de los informes de balística indican que a Will le dispararon con un arma de 9 mm desde más de un metro de distancia. No se han hecho públicas copias de los informes. “Según la investigación de la Procuraduría de Justicia los funcionarios no son responsables del asesinato dado que no estaban suficientemente cerca del periodista”, indicó Barroso.

Testigos indicaron a los investigadores que Zárate y Aguilar dispararon con pistolas de calibre 38 a una distancia de por lo menos 35 metros, indicó Barroso. Grabaciones y fotografías mostraban a los dos funcionarios disparando contra simpatizantes de la APPO.

Los dos hombres reconocieron su participación en la balacera alegando que habían disparado en el aire para defender a una familia que estaba siendo agredida por activistas de la APPO, señaló Barroso.

Barroso indicó que tras peritajes de balística, la procuraduría cree que las dos balas que hirieron a Will vinieron de la misma arma.

La Procuradora de Oaxaca, Lizbeth Caña, ha sugerido que activistas de la APPO fueron quienes dispararon contra Will. Partidarios de los activistas descartaron la sugerencia como un intento para encubrir a los verdaderos asesinos.

El Juez Barroso indicó que la liberación de los sospechosos no quería decir que se estaba cerrando el caso sino que la Procuraduría seguiría investigando. Según la revista Proceso, siete personas siguen siendo investigadas aunque las autoridades no han indicado porque siguen sospechando de ellos.

El 30 de octubre, el CPJ envío una carta al Fiscal General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, pidiendo a las autoridades federales de México que investigaran a fondo el asesinato y que enjuiciaran a los culpables. Aunque la oficina del fiscal especial para crímenes contra periodistas está monitoreando la investigación, el caso aún está siendo procesado por las autoridades del estado de Oaxaca.

La ciudad de Oaxaca ha estado controlada durante los últimos siete meses por activistas que piden la renuncia del Gobernador de Oaxaca Ulises Ruíz, quien alegan arregló las elecciones del 2004 y ha usado violencia contra los manifestantes. Por lo menos nueve personas, incluyendo a Will, han muerto durante las confrontaciones, según la Associated Press. Varios periodistas que cubrían las protestas han sido golpeados o agredidos por los manifestantes al igual que por funcionarios y policías vestidos de civiles, indica la investigación del CPJ.


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