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Investigadores federales asumen el control de la investigación

Nueva York, 18 de abril del 2005—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) lamenta la pérdida de la periodista mexicana Dolores Guadalupe García Escamilla, quien cubre la fuente policial y murió el sábado a raíz de las heridas sufridas en el ataque del 5 de abril frente a su estación de radio en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

García Escamilla había sido hospitalizada en estado crítico luego de haber recibido nueve impactos de bala en el abdomen, pelvis, brazos y piernas cuando llegaba al trabajo, señaló al CPJ Roberto Gálvez Martínez, director de noticias de Stereo 91. La periodista conducía el programa "Punto Rojo" para la radio Stereo 91 XHNOE en Nuevo Laredo, una ciudad de 500,000 habitantes en el estado de Tamaulipas que es asolada por una ola de violencia relacionada con el narcotráfico.

Las autoridades federales anunciaron la semana pasada que habían asumido el control de la investigación. A pesar de que los procuradores estatales generalmente investigan casos de asesinato en México, las autoridades federales pueden asumir el control del caso si encuentran indicios de que la muerte está vinculada con el crimen organizado.

El ataque ocurrió media hora después de que la radio emitiera un informe de García Escamilla sobre el asesinato de un abogado defensor de Nuevo Laredo, indicó Gálvez. Un pistolero no identificado se acercó a la reportera luego de que ella estacionara su vehículo frente a la radio en la mañana del 5 de abril, y disparó al menos 14 veces, informó la prensa mexicana.

García Escamilla, una experimentada reportera quien trabajó para varios medios en la ciudad, ha cubierto la fuente policial para Stereo 91 desde el 2001, sostuvo Gálvez. El director de noticias de la radio afirmó al CPJ que el automóvil de García Escamilla fue incendiado a principios de enero frente a la casa de la reportera. Gálvez indicó que no se había establecido el motivo, pero informes de prensa especularon que había sido producto de su trabajo reporteril. García Escamilla presentó una denuncia ante el Ministerio Público pero no se tomó ninguna medida.

El gobierno federal también se hizo cargo de la investigación sobre el asesinato de Raúl Gibb Guerrero, dueño y director general del diario La Opinión de Poza Rica, en el estado oriental de Veracruz. Gibb Guerrero fue asesinado en una emboscada cerca de su casa, el 8 de abril.


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