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Condena penal por difamación contra editor y redactor



Nueva York, 18 de julio de 2002 --- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) rechaza categóricamente el veredicto emitido ayer y por el cual se condena penalmente por difamación a una publicación mensual gratuita de Kansas, a su editor y a su redactor.

El jurado halló al editor David W. Carson y al redactor Ed Powers, del The New Observer, al igual que a Observer Publications, Inc., culpables de siete cargos penales por difamación.


Según el Reporters Committee for Freedom of the Press (Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa), organización estadounidense pro libertad de prensa, el caso se deriva de un artículo publicado en noviembre del 2000 en el cual el periódico afirmó que Carol Marinovich, alcaldesa del gobierno unificado del condado de Wyandotte, Kansas City, Kansas; y su esposo, Ernest Johnson, juez del Tribunal de Distrito del condado de Wyandotte, no vivían en el condado de Wyandotte, sino en un próspero condado cercano.

Por ley, los alcaldes y jueces deben vivir en el condado donde ejercen cargos públicos.

Aunque el fiscal especial David Farris no ha decidido si solicitará penas de cárcel, Carson y Powers podrían ser multados y encarcelados hasta un año como máximo. El abogado defensor Mark Birmingham anunció que pediría al juez que suspendiera el veredicto o de lo contrario solicitaría una apelación, según informó The Associated Press. Se ha fijado una audiencia para el 26 de agosto.

«Estos cargos penales por difamación atentan contra las normas estadounidenses e internacionales y sientan un terrible precedente para el resto del mundo», declaró Ann Cooper, directora ejecutiva del CPJ. «Aun cuando los periodistas deben ser responsables de lo que informan, encarcelar a Carson y a Powers por lo que escribieron sería una grave violación de la libertad de prensa».

El CPJ lucha por eliminar las disposiciones penales sobre la difamación

Como parte de una campaña para eliminar las disposiciones penales sobre la difamación de los sistemas jurídicos de Norte y Sudamérica, el CPJ ha manifestado su preocupación al gobierno estadounidense de que en por lo menos 19 estados y el Distrito de Columbia continúan vigentes leyes que clasifican la difamación como delito y no sólo como infracción civil.

En opinión del CPJ, el ámbito civil puede proporcionar la reparación adecuada por cualquier agravio que se derive de una publicación. Esta opinión es apoyada cada vez más por el derecho internacional.

«Las disposiciones penales sobre la difamación deben ser eliminadas en los Estados Unidos para dar el ejemplo a aquellos países donde los periodistas son encarcelados con frecuencia por lo que escriben», señaló Cooper.




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