Ataques a la Prensa   |   Georgia

Ataques a la Prensa en 2000: REPÚBLICA DOMINICANA


REPÚBLICA DOMINICANA
LA VIBRANTE PRENSA DOMINICANA SE VIO EMPAÑADA tras acusaciones de dar tratamiento informativo parcializado durante las elecciones presidenciales del 16 de mayo. Este año también presenció una trascendental condena en el asesinato de un periodista, y un proyecto de ley para ampliar la libertad de prensa.

El oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió una contienda entre tres candidatos, el suyo, Danilo Medina; el candidato del Partido Revolucionario Democrático, Hipólito Mejía; y el expresidente Joaquín Balaguer, candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Mejía obtuvo un poco menos del 50% de los votos, la cantidad necesaria para evitar una segunda vuelta, pero la Junta Central Electoral lo declaró vencedor luego de que sus rivales abandonaron la contienda alegando que una segunda vuelta causaría inestabilidad y perjudicaría la economía.

La cobertura de las elecciones presidenciales por parte de la prensa local fue cuestionada luego de que periódicos partidarios del PLD proyectaron a Mejía como violento e inestable. Ciertos periódicos también publicaron encuestas de opinión muy inexactas, lo cual aumentó las sospechas de que las encuestas habían sido manipuladas para favorecer al partido oficialista.

En una trascendental decisión, el 4 de agosto la jueza Katia Miguelina Jiménez impartió severas penas de cárcel a tres acusados que fueron encontrados culpables del asesinato en 1975 de Orlando Martínez Howley, director de la revista Ahora y columnista del diario de Santo Domingo El Nacional. El general retirado de la Fuerza Aérea Joaquín Pou Castro y dos cómplices fueron condenados a la máxima pena de 30 años en prisión y 5 millones de pesos (300 000 dólares estadounidenses) de multa. El 21 de diciembre, los acusados llevaron la apelación a un tribunal superior, que para el momento de publicación aún no había emitido un fallo.

Los familiares y amigos del periodista no hicieron caso de las amenazas de muerte y siguieron llevando el caso por años, alegando que el asesinato de Martínez en realidad se debió a que sus reportajes enfurecieron al entonces presidente Balaguer y a otros altos funcionarios. En 1997 el presidente Leonel Fernández ordenó que el caso fuera a juicio. Balaguer, quien ahora tiene 93 años de edad, fue llamado a testificar pero se negó a ello alegando problemas de salud, aunque estaba lo suficientemente saludable para lanzar su candidatura a la presidencia de nuevo en el 2000. El fallo de agosto fue visto como una gran victoria para los familiares del periodista y todos los que exigieron justicia por las violaciones de la libertad de prensa y demás derechos humanos cometidas bajo Balaguer, presidente de la República Dominicana durante 22 de los últimos 40 años.

Las investigaciones sobre la desaparición en mayo de 1994 del periodista y académico Narciso González estaba paralizada a fines de año. González, un fuerte crítico del gobierno dominicano y de las Fuerzas Armadas, fue presuntamente «desaparecido» por éstas luego de criticar públicamente las cuestionadas elecciones que llevaron a Balaguer al poder. Aunque antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y la policía han sido interrogados, nadie ha sido acusado en el caso, el cual fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998.

En septiembre, el presidente Mejía presentó un proyecto de ley para reformar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento de 1962, también conocida como la Ley 6132. Redactado por organizaciones de prensa de locales, ejecutivos de los periódicos y especialistas en Derecho mediático, el proyecto de ley amplía el acceso a la información y estipula penas civiles para casos de difamación cometidos a través de la prensa. Algunos periodistas locales criticaron la propuesta, alegando que el proyecto de ley no se había debatido lo suficiente y que ha habido poca información acerca de su contenido. El proyecto de ley aún estaba tramitándose a fines de año.
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