Ataques a la Prensa   |   Francia, Georgia, Paraguay

Ataques a la Prensa en 2000: GUAY


PARAGUAY
UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN MAYO (EL TERCERO DESDE 1996) y las elecciones para vicepresidente de agosto, pusieron a prueba a los medios de comunicación paraguayos e incrementaron la polarización política.

El 18 de mayo, fuerzas rebeldes leales al Gral. Lino Oviedo, el prófugo líder de una facción del oficialista Partido Colorado, trataron de tomar los cuarteles del ejército en la capital, Asunción. Durante la intentona de seis horas los soldados rebeldes entraron en las instalaciones de Radio 9.70 y exigieron que el personal transmitiera una proclama grabada, de acuerdo con la asociación de prensa local Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP). Cuando la exigencia fue rechazada, los soldados amenazaron a los periodistas y los obligaron a transmitir la proclama. El general Oviedo, quien encabezó un fallido golpe en 1996 y huyó de Paraguay luego de haber sido acusado de planear el asesinato en marzo de 1999 del vicepresidente Luis María Argaña, negó estar detrás de la intentona de mayo.

Invocando el artículo 288 de la Constitución paraguaya, el presidente Luis González Macchi decretó el 19 de mayo un estado de emergencia por el plazo de un mes, que el Congreso después ratificó. Aludiendo a los amplios poderes que le otorgó el decreto, el gobierno detuvo y mantuvo bajo custodia a Juan Carlos Bernabé, director de Radio Nanawa y a Adriana y Miguel Fernández, dueños de Radio Asunción, por su presunto apoyo al golpe y al general Oviedo. Las autoridades también desmantelaron el equipo de transmisión de Radio Asunción y ordenaron la detención de Hugo Ruiz Olazar, un reportero del diario de Asunción ABC Color, el diario argentino Clarín y la Agence France-Presse, bajo cargos de haber estado involucrado en la intentona.

Dos días después, el SPP envió una carta a González Macchi en la que expresaba su preocupación por las restricciones que se estaban imponiendo a la libertad de prensa bajo el estado de emergencia. A la vez que condenaba el intento de golpe y criticaba a algunos periodistas y dueños de los medios por defender al general Oviedo, el SPP denunció los «abusos cometidos a través del Estado de Excepción que afectaron seriamente la libertad de prensa». El SPP pidió la reapertura de Radio Asunción y exigió que todas las pruebas que vinculaban a los periodistas y los propietarios de los medios con la conspiración golpista se hicieran públicas. El 30 de mayo, el SPP envió una segunda carta de protesta a González Macchi, y al día siguiente el presidente paraguayo revocó el estado de emergencia. Todos los periodistas detenidos fueron liberados a principios de junio.

A mediados de junio, la policía brasileña arrestó al general Oviedo en la ciudad de Foz de Iguazú, en la frontera de Brasil y Paraguay. Los policías brasileños que registraron el apartamento de Oviedo encontraron una lista con el nombre de periodistas a quienes el general supuestamente planeaba asesinar, según la SPP. A fines de año, Oviedo se encontraba en prisión aguardando la extradición a Paraguay, donde enfrentaba cargos por la muerte de Argaña.

En Paraguay las líneas que separan a los políticos de los medios a menudo no están dibujadas con claridad. Durante la campaña para la elección del vicepresidente, la prensa reflejó la intensa polarización entre aquellos que apoyaban al candidato del Partido Colorado Félix Argaña, hijo del difunto vicepresidente, y aquellos que estaban a favor del candidato del Partido Liberal Julio César Franco. El expresidente Juan Carlos Wasmosy es propietario del Grupo Multimedia, que controla un diario, una revista y dos radioemisoras. Algunos miembros de alto rango del oficialista Partido Colorado son dueños de periódicos y radioemisoras, y han sido acusados de utilizarlos para promover sus ambiciones políticas. Es sabido que otros propietarios de los medios de comunicación tienen una estrecha relación con funcionarios gubernamentales y han prestado todo su apoyo a campañas políticas. Antes de las elecciones de agosto, medios con presuntos vínculos con el general Oviedo hicieron un llamado a los partidarios del Partido Colorado a que votaran por Franco y así evitar que la facción argañista ganara la vicepresidencia.

En medio del tenso clima que siguió a la votación, los partidarios de los principales partidos políticos atacaron varias radioemisoras. El diario de Asunción Noticias recibió amenazas telefónicas el 18 y 20 de agosto. El 24 de agosto, Franco fue declarado ganador en la contienda. El CPJ envió una carta al presidente González Macchi el 25 de agosto en la que expresaba su preocupación por las violaciones de la libertad de prensa ocurridas durante las elecciones para vicepresidente.

Las leyes penales contra la difamación se utilizan con frecuencia para silenciar a periodistas y suprimir las críticas en Paraguay. De conformidad con el nuevo Código Penal, vigente desde 1998, la calumnia, la difamación y la injuria siguen siendo delitos. Los artículos 150, 151 y 152 de esta ley disponen sanciones que van desde una multa hasta dos años de privación de libertad por calumnia, difamación e injuria, aunque los periodistas por lo general no reciben condenas de cárcel por su trabajo. No obstante, varios periodistas tienen causas pendientes en contra de ellos, y otros han tenido que pagar multas.

A fines de año, el Senado estuvo estudiando un proyecto de ley que mejoraría el acceso a la información pública, según lo establece la Constitución de 1992. Algunos periodistas paraguayos alegan que este proyecto de ley es deficiente porque el acceso a la información pública aún puede ser denegado si afecta la seguridad nacional o la privacidad del individuo, dos conceptos definidos ampliamente.

Los periodistas consultados por el CPJ señalaron que criterios políticos, y no económicos o técnicos, determinan la concesión de las frecuencias radiales, un proceso que se ha vuelto más selectivo a raíz del aumento en la competencia por limitados ingresos publicitarios en un mercado pequeño. Las poderosas asociaciones de radios comerciales han unido sus fuerzas en contra de las radios comunitarias y alternativas, y han presionado al gobierno para que las clausure, según el SPP. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el organismo estatal a cargo de regular las frecuencias radiales, ha confiscado el equipo de varias radioemisoras comunitarias, mientras que otras han estado esperando desde 1995 a que Conatel les otorgue frecuencias.

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