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Ataques a la Prensa en 2000: MÉXICO


MÉXICO
EN UN AÑO CRUCIAL PARA LA DEMOCRACIA MEXICANA, la disolución de los lazos entre muchos de los medios de comunicación y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de larga permanencia en el poder, contribuyó a fomentar una prensa más profesional y competitiva en el 2000.

La elección del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, a la presidencia el 2 de julio puso fin al control del poder que ejerció el PRI por 71 años, período durante el cual muchos de los medios apoyaron sin ningún reparo al régimen. En lo que fue una señal alentadora, el nuevo gobierno rápidamente prometió impulsar la transparencia informativa y el respeto a las libertades de expresión y de prensa. Además, la administración de Fox prometió que el Centro de Información y Seguridad Nacional, el organismo de inteligencia gubernamental, no espiaría más a los periodistas. (Bajo el PRI, el gobierno acostumbraba a espiar a los periodistas, mientras que reaccionaba con hostilidad ante la noción de que sus propias actividades debían ser públicas).

Aunque muchos de los medios de comunicación, en particular los de la televisión y la radiodifusión, estaban parcializados a favor del PRI, los medios mexicanos desempeñaron un papel importante en las elecciones presidenciales del 2000. La prensa contribuyó enormemente a la transparencia del proceso electoral al vigilar posibles fraudes e irregularidades el día de las elecciones; y también al divulgar los resultados de las encuestas de boca de urna. Sin embargo, los periodistas notaron que cuando la contienda se hizo más reñida entre Fox y el candidato del PRI Francisco Labastida, el tratamiento informativo de la figura de Fox se volvió negativo. El 19 de junio, el presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, anunció que la cobertura de los candidatos presidenciales por parte de los medios ya no era balanceada, en alusión a la creciente parcialización de los medios a favor del candidato oficialista.

México tiene una activa comunidad pro libertad de prensa, representada por organizaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Sociedad de Periodistas y la Fundación Manuel Buendía. El 1er Congreso Mexicano de Derecho de la Información, que se llevó a cabo en noviembre, llegó a la conclusión de que, para enfrentar el reto de un ambiente político más fluido, los periodistas del país necesitaban un código de ética elaborado por los periodistas, los propietarios de los medios y la sociedad civil. Aunque el apoyo a la Ley Federal de Comunicación Social (un proyecto de ley que fue derrotado en 1998 y que, de acuerdo con sus defensores, tiene la intención de asegurar la libertad de expresión y el derecho a la información) no es generalizado, existe el consenso de que la obsoleta Ley de Imprenta de 1917 deber ser reemplazada por una nueva legislación de prensa.

Durante la mayor parte del gobierno del PRI, la prensa distorsionó su cobertura a cambio de subsidios, incentivos fiscales y publicidad oficial. Hoy día, los privilegios de que disfrutó la mayoría de los medios mexicanos parecen haber llegado a su fin, con consecuencias interesantes para los medios que históricamente han sido simpatizantes del PRI. Por ejemplo, la cadena Televisa, que por décadas ligó su suerte al PRI y hasta principios de los años 90 mantuvo un monopolio sobre la televisión privada, ha tratado en los últimos años de redefinir su imagen como una cadena equilibrada e imparcial.

El 4 de diciembre, la Comisión Federal de Competencia prohibió la fusión prevista de las operaciones radiales de Televisa y el Grupo Acir, con la justificación de que tal fusión sacaría a las compañías más pequeñas del mercado publicitario, y que daría a Televisa un dominio inaceptable sobre la industria radial. Muchos vieron esto como una muestra incontrovertible de la nueva realidad política.

En otro ejemplo del ambiente de transformación que viven los medios, el diario de Ciudad de México Excélsior casi cerró sus puertas a finales de octubre. Mientras que la mayoría de las publicaciones mexicanas se volvieron más independientes en los años 90, Excélsior mantuvo una firme postura a favor del gobierno. Debido a su baja credibilidad y a un diseño obsoleto, Excélsior fue perdiendo progresivamente a sus lectores. Cuando sus directivos declararon en octubre que el periódico se encontraba al borde de la bancarrota y anunciaron que estaba a la venta, periodistas y empleados, quienes manejan Excélsior como una cooperativa, se rebelaron y expulsaron a sus más altos ejecutivos y prometieron adoptar una postura más independiente. El periódico aún se mantiene a flote con préstamos a corto plazo, pero muchos dudan que pueda tener éxito a la larga. Ahora que el PRI ha perdido el poder, se espera que cierren sus puertas otros periódicos subsidiados en alto grado.

Los narcotraficantes y agentes de seguridad corruptos continuaron amenazando a los periodistas el año pasado, en particular cerca de la frontera de Estados Unidos y México. El 9 de abril agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos recobraron el cuerpo del reportero y fotógrafo Pablo Pineda en Los Indios, justo a las afueras de Harlingen, Texas. Pineda se encargaba de la sección policial del periódico La Opinión, con sede en la ciudad fronteriza de Matamoros, y también escribía sobre el tráfico de drogas en la región.

Los periodistas mexicanos consideran la falta de investigaciones prontas y minuciosas por parte de las autoridades como uno de los principales factores que contribuyen a los ataques contra la prensa. El 29 de abril, José Ramírez Puente, un reportero de la radioemisora privada Radio Net en la población fronteriza de Ciudad Juárez, fue hallado muerto en su auto. De acuerdo con una fuente local, se están investigando dos hipótesis: que a Ramírez lo asesinaron por sus artículos sobre la prostitución o por algo que descubrió trabajando como informante del gobierno. El CPJ continúa investigando si el periodista fue blanco del ataque por su trabajo.

En abril, el gobierno mexicano pidió a los Estados Unidos la extradición del sospechoso de narcotráfico Gabriel González Gutiérrez, quien junto a su hermano Jaime había sido acusado de ordenar en julio de 1997 el asesinato del periodista Benjamín Flores González, director y editor del diario La Prensa en el pueblo fronterizo de San Luis Río Colorado. Flores González cubría activamente el tema del narcotráfico, y los hermanos González Gutiérrez eran uno de sus blancos predilectos. El pistolero que le disparó ahora se encuentra en prisión, pero Gabriel González Gutiérrez estuvo prófugo hasta el 24 de febrero, cuando él y otros tres hermanos suyos fueron arrestados bajo cargos de tráfico de drogas cerca de Yuma, Arizona. Aunque el proceso de extradición puede alargarse por meses, los periodistas locales tenían la esperanza de que los arrestos revivieran la investigación del asesinato de Flores González, que ahora se encuentra paralizada. Jaime González Gutiérrez aún se encuentra prófugo.

El caso de Philip True, un periodista del San Antonio Express-News que fue asesinado en 1998 mientras trabajaba en un artículo acerca de los huichols, una población indígena de un área montañosa que se extiende por los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, aún no está resuelto. Dos indígenas huichol fueron encarcelados tras ser acusados del asesinato de True, pero para finales de año aún no habían sido enjuiciados.



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