Si bien el acceso a las fuerzas estadounidenses destacadas en Afganistán mejoró un poco en el 2002, los periodistas que se encontraron con tropas estadounidenses en el teatro de operaciones no siempre fueron bien recibidos. En febrero, soldados estadounidenses detuvieron al periodista del Washington Post Doug Struck a punta de pistola y le impidieron investigar denuncias sobre bajas civiles. A fines de agosto, tropas especiales que participaban en la búsqueda de Osama bin Laden confiscaron rollos de película al fotógrafo del New York Times Tyler Hicks y lo obligaron a borrar imágenes de su cámara digital. A algunos periodistas norteamericanos les preocupa que estas acciones sean un mal presagio para la cobertura de una posible invasión militar a Iraq, aunque el Departamento de Defensa se ha comprometido a «integrar» a los periodistas a las fuerzas estadounidenses e inclusive les ha dado entrenamiento especial para que puedan acompañar a las tropas de un modo seguro.

En algunos casos, las medidas restrictivas contra la prensa se extendieron a labores periodísticas más rutinarias en los Estados Unidos. En marzo, la policía militar esposó a Gregg Gursky, camarógrafo del canal Fox News, y le confiscó una cinta de video. Gursky se hallaba en el predio del Pentágono cuando filmó a agentes de la policía de Virginia mientras detenían una camioneta frente al Pentágono. Aunque Gursky poseía credenciales del Departamento de Defensa, funcionarios del departamento adujeron que Gursky tenía que ir acompañado de una escolta para poder filmar en el predio del Pentágono. Al día siguiente, los funcionarios le devolvieron la cinta a Fox News.

En septiembre, la policía de Washington detuvo a por lo menos cinco reporteros que cubrían manifestaciones en contra del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El periodista Larry Towell, de la agencia de fotografía Magnum, contó al CPJ que la policía hizo caso omiso de los pases de prensa y apresó a los periodistas sin ninguna advertencia. Los periodistas permanecieron en un centro de detención durante varias horas antes de que la policía los liberara sin formular cargos contra ellos.

El gobierno de los Estados Unidos también tomó medidas para limitar la cobertura de los debates internos sobre políticas en los organismos y ministerios. Las nuevas pautas del Departamento de Justicia, instituidas en octubre, otorgan a los organismos gubernamentales un amplio margen de discrecionalidad para rechazar solicitudes públicas efectuadas de conformidad con la Ley de la Libertad de Información de 1966. El Fiscal General, John Ashcroft, declaró que el gobierno de Bush respaldaría la retención de documentación siempre que existiera «una sólida base jurídica» para hacerlo. La administración de Bill Clinton, predecesor de Bush, retenía documentos sólo cuando se consideraba que divulgarlos resultaba «perjudicial».

El proyecto de Ley de Seguridad Interna aprobado en noviembre impone sanciones penales a los empleados gubernamentales que revelen información sobre «infraestructura crucial» —como la de comunicaciones, transporte y salud— proporcionada al gobierno de manera voluntaria por empresas privadas. La organización pro libertad de prensa Reporters Committee for Freedom of the Press, radicada en Washington, D.C., denunció que la cláusula se introdujo a instancia de las empresas y que podría impedirle al público recibir información oportuna acerca de amenazas a la salud y el bienestar públicos.

También se les negó el acceso a los periodistas a las audiencias de deportación de cientos de inmigrantes detenidos en el período que siguió a los ataques del 11 de septiembre del 2001. En agosto, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, en Cincinnati, resolvió que el cierre automático de estos procedimientos viola la Primera Enmienda, y observó que «la única salvaguarda contra este extraordinario poder gubernamental es el público, que delega en la prensa el papel de guardián de la libertad». Las audiencias para temas de inmigración ahora están abiertas en la jurisdicción de ese tribunal, pero están cerradas en el resto del país. El asunto podría llegar hasta la Corte Suprema.

El gobierno impuso estrictas restricciones a la cobertura de los detenidos por el ejército estadounidense en Camp Delta, Bahía de Guantánamo, Cuba. El campo de detención está rodeado de una lona impermeable verde, lo que imposibilita que se lo fotografíe desde lejos. Los periodistas a los que se les permite la entrada enfrentan varias restricciones y siempre van escoltados. El secreto es tan absoluto que el gobierno de los Estados Unidos no respondió a las afirmaciones de Al Yasira, el canal por satélite en lengua árabe que transmite desde Qatar, de que uno de sus camarógrafos se hallaba detenido allí. En una carta con fecha 27 de septiembre y dirigida al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el CPJ también le solicitó información acerca de la supuesta detención del periodista. A fines de año, Rumsfeld aún no había respondido.

El CPJ sí recibió respuesta a una carta enviada el 31 de enero a Rumsfeld en la que se le solicitaba información sobre las circunstancias del ataque con misiles que tuvo lugar el 13 de noviembre del 2001 contra las oficinas de Al Yasira en Kabul, Afganistán. En la carta de respuesta, fechada 26 de febrero, el Pentágono declaró que el edificio era una «conocida sede de Al-Qaeda» pero no proporcionó ninguna prueba que respaldara dicha afirmación. El CPJ continúa investigando el incidente.

Un informe emitido por el CPJ el día del aniversario de los ataques del 11 de septiembre del 2001 manifestaba la preocupación de que los gobiernos autoritarios se habían apropiado de la retórica de la «guerra contra el terror» para justificar las restricciones a la libertad de prensa en sus países. El informe, titulado «Mirando hacia delante, mirando hacia atrás» («Looking Forward, Looking Back»), señalaba que los gobiernos de Eritrea, Rusia y Zimbabwe habían calificado de «terroristas» a los periodistas que los criticaban.

Aparte de las cuestiones referentes al acceso a la información, otros hechos preocupantes en el marco jurídico afectaron a los periodistas estadounidenses en el 2002. Aunque la periodista independiente de Texas Vanesa Leggett —encarcelada por cinco meses en el 2001 por negarse a entregar sus materiales de investigación a los fiscales federales— fue liberada a principios de enero, David W. Carson y Ed Powers, director y editor, respectivamente, del periódico de Kansas The New Observer, fueron procesados penalmente por difamación (delito menor en Kansas, sancionable con hasta un año de prisión) y condenados en julio. La publicación había informado erróneamente que el alcalde de un condado en realidad vivía en otro condado. En noviembre, los periodistas fueron sentenciados al pago de una multa y a un año de libertad condicional; posteriormente apelaron las condenas. El CPJ ha sostenido desde hace mucho que los periodistas nunca deben ser encarcelados por su trabajo y ha emprendido campañas internacionales contra las disposiciones penales relativas a la difamación. Aun cuando los procesamientos penales por difamación son muy poco frecuentes en los Estados Unidos, en muchos estados dichas disposiciones continúan vigentes.

Periodistas y medios norteamericanos también estuvieron sujetos a procesos judiciales fuera del país en el 2002. En diciembre, el Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia dictaminó que Jonathan Randal, ex reportero del diario Washington Post que había sido llamado a comparecer en el juicio de un ex funcionario bosnio acusado de genocidio, no debía testificar en el caso. La decisión precisaba que los corresponsales de guerra no podían ser obligados a declarar a menos que «la prueba buscada sea de valor directo e importante en la determinación de una cuestión central en el caso… y que no pudiera ser obtenida razonablemente de otro modo». El CPJ colaboró con abogados y periodistas de todo el mundo para respaldar el caso de Randal.

Sin embargo, el dictamen del tribunal de La Haya sólo extiende este privilegio a los corresponsales de guerra, no a todos los periodistas. El tema del testimonio obligatorio podría volver a surgir a medida que se amplíe el sistema jurídico internacional, en particular con el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), que está programado para el 2003. La CPI tendrá autoridad para juzgar a individuos acusados de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra.

La creciente amenaza de acciones legales internacionales también se puso en evidencia cuando el Alto Tribunal de Australia resolvió en diciembre que un empresario australiano podía iniciar una demanda por difamación contra la empresa estadounidense Dow Jones por un artículo que la revista de negocios Barron’s publicó y reprodujo en su página de Internet. Dow Jones, dueña de Barron’s, argumentó que el caso debería haberse iniciado en los Estados Unidos, donde se publica la revista.

El secuestro y posterior asesinato a comienzos del 2002 de Daniel Pearl, reportero del diario Wall Street Journal, obligó a los corresponsales estadounidenses en el extranjero a enfrentar sus puntos vulnerables, lo cual hicieron reevaluando sus rutinas e inscribiéndose en cursos de seguridad para periodistas, de creciente popularidad.

En mayo Frank Smyth, representante del CPJ en Washington, D.C., testificó ante el Senado y exhortó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a abstenerse de usar como espías a periodistas no estadounidenses. Desde los años 70, la CIA tiene prohibido emplear a periodistas estadounidenses como espías excepto en circunstancias extraordinarias, pero la prohibición no se aplica a periodistas extranjeros. En su testimonio, Smyth observó: «La percepción —o inclusive el rumor— de que un periodista local trabaja para la CIA lo pondría obviamente en considerable peligro». La estrategia también pone en peligro a periodistas estadounidenses al crear la impresión de que todos los periodistas son posibles espías: los captores de Daniel Pearl lo acusaron, falsamente, de trabajar para los servicios de inteligencia estadounidense e israelí.

En parte como respuesta al asesinato de Pearl, el CPJ lanzó un nuevo curso sobre seguridad para periodistas en el 2002 que les brinda a los periodistas información autorizada y práctica sobre cuestiones de seguridad, como por ejemplo equipos de seguridad, entrenamiento en ambientes hostiles, seguros de vida y de salud, terapia para el estrés postraumático y consejos de veteranos corresponsales. El CPJ publicará un manual de seguridad para periodistas en la primavera del 2003.

Aun cuando los periodistas que trabajan en los Estados Unidos enfrentan relativamente pocos riesgos contra la integridad física, en octubre la policía de Los Angeles acusó a un hombre de amenazar a la periodista del diario Los Angeles Times Anita M. Busch, quien trabajaba en un reportaje acerca de una trama de extorsión contra el actor Steven Seagal. Alexander Proctor, delincuente condenado por un delito relacionado con el tráfico de drogas, supuestamente le dijo a un informante de la Oficinal Federal de Investigaciones (FBI) que un detective privado que trabajaba para Seagal lo había contratado para amenazar a Busch. Proctor supuestamente rompió el cristal de la ventana del auto de la periodista y dejó un paquete con un pescado muerto y una rosa en la boca acompañado de un letrero que decía «Basta». En agosto Ned Zeman, reportero de la revista Vanity Fair, fue amenazado a punta de pistola mientras trabajaba en la misma historia.