El gobierno y el Poder Judicial siguen investigando a los ejecutivos y dueños de canales televisivos que habían puesto sus medios al servicio de Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Mediante el empleo de varias tácticas —sobornos millonarios, extorsión, incentivos fiscales y la manipulación de la publicidad gubernamental— Fujimori y Montesinos, ayudados por dóciles jueces, dictaron la cobertura mediática para asegurarle a Fujimori un tercer mandato presidencial, por muchos considerado inconstitucional, en abril del 2000. A fines del 2002, los procesos de varios dueños de canales de televisión que habían sido acusados en el 2001 de malversación, tráfico de influencias y asociación delictiva, fueron acumulados en un solo expediente y asignados a un juez anticorrupción. Durante el 2002, estos desacreditados propietarios de medios vinculados con Fujimori y Montesinos intentaron usar sus medios para denunciar una supuesta campaña del gobierno para silenciar a los periodistas críticos de Toledo.

La investigación judicial de varios dueños de tabloides acusados de malversación avanzó con lentitud en el 2002. Estos empresarios habían colaborado con el régimen de Fujimori para dañar la reputación de políticos opositores y periodistas independientes, en particular los que trabajaban para los diarios El Comercio, La República y Liberación. Los tabloides pro Fujimori, conocidos como prensa chicha, se regodeaban publicando afirmaciones falsas de todo aquél que se opusiera a Fujimori. En el 2001, un fiscal determinó que existían suficientes elementos de prueba como para demostrar que el gobierno de Fujimori había financiado a los tabloides. Algunos de los dueños de tabloides permanecieron en arresto domiciliario a lo largo del 2002 mientras eran investigados.

Aunque el clima de libertad de prensa ha mejorado significativamente en Perú, el gobierno de Toledo fue censurado en el 2002 por mostrarse intolerante ante las críticas y por exigir una cobertura de prensa más favorable. Del mismo modo, los seguidores de Perú Posible, partido de Toledo, estuvieron implicados en varios ataques verbales y físicos contra periodistas.

En junio, el Congreso sancionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe entrar en vigor el 3 de enero del 2003. Aunque la asociación de dueños de medios Consejo de la Prensa Peruana y la Defensoría del Pueblo de Perú consideraron que la ley era un paso de avance, insistieron en que las excepciones según las cuales puede negarse el acceso a la información pública —en particular las relativas a la seguridad nacional— son demasiado amplias y vagas y le otorgan al Ejecutivo excesiva discrecionalidad para determinar qué información puede permanecer secreta por razones de seguridad nacional. En septiembre, representantes de la Defensoría del Pueblo presentaron un recurso por inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional de Perú, que a fines de año aún no se había pronunciado acerca del asunto.

El periodista Javier Tuanama Valera, quien fue condenado durante el régimen de Fujimori por el delito de colaborar con el terrorismo, recibió un perdón presidencial y fue liberado en noviembre. Después de revisar el caso de Tuanama, una comisión de indultos gubernamental decidió que no existían suficientes pruebas para condenarlo. Juan de Mata Jara Berrospi, quien cumple una sentencia de 20 años de cárcel, es el único periodista que continúa encarcelado por acusaciones de haber colaborado con terroristas.

También en noviembre, las autoridades peruanas capturaron a un presunto miembro del movimiento guerrillero maoísta Sendero Luminoso que aparentemente había participado en el secuestro y posterior asesinato en 1989 de Todd Carper Smith, periodista del diario estadounidense Tampa Tribune. Según versiones de la prensa peruana, un grupo de narcotraficantes confundieron a Smith con un agente de la DEA, organismo antinarcóticos estadounidense, y le ordenaron a Sendero Luminoso que lo secuestrara y ejecutara. Smith se encontraba en Perú de vacaciones y planeaba hacer un reportaje sobre el grupo guerrillero.

En noviembre, el presunto líder del escuadrón de la muerte paramilitar Grupo Colina, el mayor retirado del ejército Santiago Martín Rivas, fue capturado e interrogado en relación con el secuestro y asesinato en 1992 del periodista PedroYauri Bustamante, director del programa de noticias «Punto Final» de Radio Universal. El Grupo Colina, al que se ha vinculado con varias masacres y decenas de violaciones de los derechos humanos durante el régimen de Fujimori, es el presunto responsable del asesinato de Yauri. El programa del periodista a menudo denunciaba abusos cometidos por los militares.