El 30 de abril, en respuesta a la presión recibida por parte de organizaciones de la sociedad civil y del público en general, el Congreso en forma unánime sancionó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que Fox firmó en junio. La ley define toda la información del gobierno como pública y exige a los organismos estatales que publiquen toda la información relacionada con sus funciones diarias, por ejemplo presupuestos, operaciones, personal, salarios, informes internos y la adjudicación de contratos. La ley otorga a los ciudadanos el derecho de solicitar información que todavía no se haya hecho pública y les permite recurrir ante el Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública si un organismo se niega a entregar información. Si el ciudadano pierde la apelación, puede plantear un recurso ante los tribunales. La ley también prohíbe al gobierno retener bajo ningún concepto información con respecto a los crímenes contra la humanidad o las violaciones de los derechos humanos.

Los procesamientos penales por difamación siguen afectando a los periodistas mexicanos. En octubre, un juez dictó una orden de arresto contra Oscar Cantú Murguía, dueño y director del diario Norte, de la ciudad de Juárez, y siete de sus periodistas. Varios meses antes, el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes, quien ahora encabeza una empresa de bienes raíces, había presentado una demanda por injurias contra Murguía y sus colegas luego de que el diario publicara una serie de artículos que daban a entender que funcionarios del gobierno estatal habían sobrevalorado intencionalmente el terreno que Reyes le vendió al gobierno estatal. A fines de año, las órdenes de arresto seguían sin resolverse en un tribunal estatal.

Aunque Fox prometió eliminar «todas las prácticas que obstaculicen la posibilidad de informarle al público de un modo abierto y verdadero», investigadores federales continuaron presionando a los periodistas para que revelaran las fuentes de información. Desde marzo, seis reporteros del diario La Jornada, de Ciudad de México, así como el director de noticias del diario El Universal, han recibido citatorios para testificar ante los investigadores acerca de las fuentes empleadas en artículos sobre un escándalo de corrupción que involucraba a Pemex, la empresa petrolera estatal. El 3 de diciembre, el Procurador General justificó la investigación, con el argumento de que no estaba destinada a atacar a los periodistas sino más bien a castigar a los funcionarios que filtraban información reservada a los medios.

Los periodistas que cubren zonas de elevada delincuencia —especialmente cerca de la frontera de los Estados Unidos con México, la cual está plagada de narcotraficantes—, continúan enfrentando peligros. Por ejemplo, en enero J. Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, de Tijuana, recibió un mensaje por correo electrónico que decía que había un sicario de la ciudad fronteriza de Mexicali, en el norteño estado de Baja California, que tenía órdenes de ejecutarlo. Por muchos años, Blancornelas ha informado acerca del narcotráfico y la corrupción en la región, y ha recibido numerosas amenazas por sus reportajes, que han obtenido premios. La amenaza de enero fue atribuida al cartel de drogas de Tijuana, en ese entonces encabezado por los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. En noviembre de 1997, los hermanos Arellano Félix hirieron a Blancornelas en un atentado. Actualmente el periodista recibe la protección permanente de guardaespaldas de una unidad de las Fuerzas Especiales del ejército.

Algunos políticos mexicanos han intentado hostigar a periodistas empleando el sistema judicial de los Estados Unidos. El 9 de enero, Dolia Estévez, corresponsal del diario mexicano El Financiero en Washington D.C., recibió una orden emitida por el abogado de la parte demandante para que entregara materiales relativos a un artículo suyo publicado en 1999 acerca de la familia mexicana de los Hank, que ha sido vinculada con el narcotráfico. La orden exigía la entrega de todos los materiales de investigación empleados para elaborar el artículo, entre ellos correspondencia por correo electrónico, grabaciones, calendarios y agendas, borradores de artículos y listas de contactos en el gobierno estadounidense. El 19 de marzo, un juez federal de distrito le concedió a Estévez una petición para anular la orden y observó que «parece que la información solicitada por la parte demandante no es más que un intento de echar una red al mar para ver qué es lo que cae dentro». Los demandantes apelaron el fallo y se fijó una audiencia para el 21 de febrero del 2003.

En mayo, un tribunal de apelaciones conformado por tres jueces sentenció a dos hombres a 13 años de prisión por el asesinato en 1998 de Philip True, periodista del diario tejano San Antonio Express-News que fue asesinado mientras trabajaba en un reportaje sobre los Huicholes, población indígena que vive en una zona montañosa que se extiende por los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. El fallo unánime anuló un veredicto de agosto del 2001 que había exonerado de culpa a los dos hombres. Los abogados de los acusados recurrieron la sentencia y a fines de año el caso seguía a la espera de una resolución.