Cumplidos ya dos años de su segundo mandato presidencial, Aristide siguió prometiendo justicia y diálogo ante los periodistas y los dueños de medios. «Haré todo lo que esté en mi poder para que los periodistas puedan hacer su trabajo sin interferencias, y me aseguraré de que se respeten todas las leyes», el mandatario declaró a un grupo de periodistas en enero, pero demasiadas veces los actos del gobierno contradijeron la retórica presidencial.

Los funcionarios judiciales avanzaron muy lentamente en la investigación de dos sonados casos de asesinato de comunicadores: el de Jean Léopold Dominique, el periodista radial más crítico de Haití y quien fue asesinado a balazos por un sujeto no identificado en abril del 2000; y el de Brignolle Lindor, periodista radial que fue asesinado por una horda armada con machetes en diciembre del 2001. En el caso de Dominique, el juez de instrucción Claudy Gassant huyó al estado de Florida en enero luego de que Aristide no le renovara el mandato judicial para dirigir la investigación sobre el asesinato. Antes de su partida, Gassant había recibido varias amenazas y había renunciado en más de una ocasión, temiendo por su seguridad. El abogado Bernard Saint-Vil reemplazó a Gassant.

A fines de año, ya interrogadas más de 80 personas y detenidos seis sospechosos en una investigación sumamente política, dos sujetos armados asesinaron al guardaespaldas de la viuda de Dominique, Michèle Montas, afuera de la casa de Montas, el 25 de diciembre. Montas, quien se hizo cargo de la radioemisora de su esposo luego de su asesinato y quien ha usado las ondas radiales para criticar el lento ritmo de la investigación, señaló que el ataque había sido un atentado contra su vida.

En el caso del asesinato de Lindor, 10 sujetos pertenecientes a una «organización popular» conocida como «Dormidos en el bosque» han sido procesados y dos de ellos han sido arrestados. (La fecha del juicio aún no se había fijado a fines del año.) Estas organizaciones populares —llamadas informalmente chimères (quimeras) en alusión a la criatura mitológica que respiraba fuego— suelen abarcar a los partidarios de Aristide, algunos de los cuales han admitido ser empleados públicos. Las organizaciones populares parecen ser los obstáculos más visibles y serios para los periodistas, a quienes han amenazado y hostigado en manifestaciones callejeras y acusado de «trabajar para la oposición».

Guyler Delva, reportero de diario y secretario general de la Asociación de Periodistas Haitianos, manifestó que 24 periodistas habían sido amenazados o agredidos por organizaciones populares en el 2002, y que 22 de ellos se habían exiliado. Temiendo ataques de estos grupos, los periodistas que trabajan para medios privados suelen esconder sus credenciales de prensa. Siete periodistas radiales, entre ellos el dueño de una emisora, debieron ocultarse luego de recibir amenazas y de una tentativa de incendio que produjo daños parciales a la emisora. Los periodistas relataron al CPJ que creen que la organización popular «Ejército Caníbal» había atacado la radio por la cobertura que había dado a una multitudinaria protesta opositora que reclamaba la renuncia de Aristide.

En Haití, donde más de la mitad de la población es analfabeta y el precio de un televisor supera el salario anual promedio, la radio es el medio básico, con más de 200 emisoras en el aire en todo el país. Muchas emisoras toman posiciones partidistas y transmiten información que responde a los intereses ya sea del gobierno o la oposición, que agrupa a los partidos opositores y el sector privado. Los funcionarios del gobierno suelen criticar a las emisoras de radio privadas cuando la cobertura informativa no favorece a Fanmi Lavalas, partido gobernante de Aristide, o al mandatario.

Aunque las radioemisoras critican abiertamente la gestión de Aristide —y el gobierno cita frecuentemente estas críticas para responder a acusaciones de que pretende instalar una dictadura—, en general no aplican el mismo ojo crítico a las organizaciones cívicas, los partidos opositores y el sector privado, cuya publicidad paga les permite mantenerse a flote. Algunos periodistas aceptan sobornos y se ha sabido de otros que han abandonado notas periodísticas a cambio de dinero. No existe prácticamente el periodismo investigativo debido a los riesgos que implica.

Aún así, incluso con una infraestructura que se desmorona, la economía en declive y el legado de la dictadura, Haití cuenta con una prensa relativamente libre y resistente ?en efecto, el Cuarto Estado es una de las pocas instituciones del país que funciona?. A pesar de la pobre remuneración que reciben en las radioemisoras, los periodistas se esfuerzan por conseguir las primicias antes que la competencia, y avezados conductores de programas no tienen ningún reparo en hacerles preguntas difíciles a funcionarios del gobierno o a diplomáticos extranjeros.

Aunque la radio es el medio dominante, Haití tiene dos grandes diarios: Le Nouvelliste y Le Matin; y tanto en los Estados Unidos como en Haití circulan tres semanarios con posiciones partidistas: el Haïti-Observateur, de derecha, y Haïti Progrès y Haïti En Marche, de izquierda. Con tres años de vida cumplidos, el diario Haitian Times, dirigido por el ex reportero del New York Times Garry Pierre-Pierre y publicado en Nueva York, trata de cubrir los hechos de actualidad en Haití y en las comunidades haitianas de los Estados Unidos desde una perspectiva más equilibrada.

En junio, la coordinadora del programa de las Américas del CPJ, Marylene Smeets, y los miembros del directorio Franz Allina y Clarence Page, visitaron Haití con motivo de una misión de solidaridad que tenía por objetivo reunirse con periodistas y llamar la atención sobre la escalada de violencia política que coincidió con recientes ataques a la prensa. Durante la visita de tres días, la delegación se reunió con dueños de medios, funcionarios gubernamentales, diplomáticos extranjeros, asociaciones de prensa locales y periodistas y trató el caso Dominique y otras inquietudes relativas a la libertad de prensa, cerrando el viaje con una conferencia de prensa. Al enterarse del plan del gobierno de crear un código de ética de vigencia legal para los medios, el CPJ respondió con una carta dirigida al secretario de Estado para las Comunicaciones, Mario Dupuy, en la que solicitó detalles de la propuesta y sugirió un diálogo para garantizar que ninguna medida sancionada pudiera restringir la libertad de prensa. A finales de año, no se había tomado ninguna acción legislativa acerca del código de ética.