El enfrentamiento entre el gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Portillo y los principales diarios del país —Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico— se intensificó en el 2002. Mientras que el mandatario guatemalteco se quejó abiertamente de que los medios impresos se habían unido a una campaña de la oposición para derrocarlo, la prensa acusó a Portillo de intentar desacreditar a los periodistas y atacó al gobierno por su corrupción e ineficiencia.

Los periodistas guatemaltecos aún son intimidados y hostigados por su labor informativa. La situación es incluso más difícil para los periodistas del interior, quienes se ven presionados con frecuencia por los gobernadores y alcaldes locales. Las autoridades no han investigado varios ataques a periodistas o no han dado seguimiento a sus propias investigaciones preliminares sobre los hechos. Además, los medios locales son propiedad de unos pocos grupos empresariales con gran poder económico, mientras varios sectores de la población —en particular campesinos e indígenas— son excluidos de la agenda informativa.

En enero, la Corte Constitucional de Guatemala suspendió temporalmente una ley que exige que todos los graduados universitarios, inclusive los graduados en periodismo, se inscriban en asociaciones profesionales llamadas colegios. Muchos periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa se opusieron a la ley, que fue sancionada en diciembre del 2001.

El magnate de los medios Ángel González, ciudadano mexicano y cuñado del ex ministro guatemalteco de Infraestructura, Vivienda y Comunicaciones Luis Rabbé, utilizó su imperio mediático para desacreditar a diarios que critican al gobierno. Mediante empresas pantalla, González es dueño de los cuatro canales de televisión privados, lo que viola cláusulas constitucionales contra los monopolios y la participación extranjera en la propiedad de los medios. González ha suspendido dos programas de noticias independientes y ejerce una enorme influencia en la política guatemalteca.

Un proyecto de ley sobre medios comunitarios presentado ante el Congreso unicameral del país en febrero, continuaba estancado a fines de año. En junio, organizaciones de radio comunitarias, que habían ayudado a redactar el proyecto de ley, denunciaron los intentos del FRG de ampliar los beneficios de la ley a las radioemisoras evangélicas. De acuerdo con los grupos comunitarios, esta acción le permitiría al FRG, que posee estrechos vínculos con las radioemisoras evangélicas, utilizarlas para divulgar propaganda partidaria.
Conforme al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas —uno de los varios acuerdos de paz que el gobierno y ex guerrilleros firmaron con el auspicio de la ONU—, Guatemala tiene la obligación de reformar las leyes vigentes sobre concesiones radioeléctricas con el objetivo de otorgar frecuencias a la población indígena del país. No obstante, durante el 2002 el organismo nacional de telecomunicaciones anunció que subastaría al mejor postor el limitado número de frecuencias radiales disponibles.

En octubre, el gobierno presentó un proyecto de ley en el Congreso que fija pautas para obtener acceso a la información del Estado. La organización de comunicadores Asociación de Periodistas de Guatemala criticó la falta de debate y transparencia que rodeó a la medida. A fines de año, el Congreso aún discutía el proyecto.

Por otra parte, hubo pocos avances en el caso del periodista radial Jorge Mynor Alegría Armendáriz, quien fue asesinado en septiembre del 2001 a la entrada de su domicilio en el puerto caribeño de Puerto Barrios. Alegría conducía un programa de llamadas vespertino que con frecuencia trataba la falta de ética y la corrupción oficial. El sujeto que supuestamente fue contratado para asesinar a Alegría sigue en prisión a la espera de juicio.