TV DOCE, canal de televisión reconocido como una de las pocas voces independientes durante el brutal conflicto civil, fue ridiculizado en agosto por el progubernamental El Diario de Hoy, de San Salvador, y tildado de «defensor de los comunistas». Este diario también ha atacado duramente a la organización pro libertad de prensa Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) por «no tener credibilidad» y ha denunciado su código de ética, elaborado en 1999.

Si bien los periodistas salvadoreños se hallan divididos políticamente, todos ellos siguen trabajando en un clima de disposiciones restrictivas de acceso a la información; mientras que el Código Penal, vigente desde 1998, impide la cobertura de los tribunales y otorga a los jueces el poder de restringir el acceso a los procesos judiciales. Durante el 2002, la APES presentó varias propuestas con el objeto de reformar las disposiciones que inhiben la libertad de prensa, pero el gobierno no consideró seriamente a ninguna de ellas.

En septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para reformar el organismo de auditoría del gobierno, el Tribunal de Cuentas. Actualmente, los periodistas tienen libre acceso a los informes de auditoría en cuanto se presentan ante el organismo. Con la reforma, dichos informes permanecerán sellados hasta que se haya completado el proceso de auditoría. Debido a que la nueva ley no establece ningún límite de tiempo para el proceso de auditoría, los documentos podrían quedar sellados indefinidamente. La APES y Probidad, esta última una organización no gubernamental que lucha contra la corrupción, han criticado la ley.

El 15 de agosto, la asamblea aprobó el proyecto de ley para la Defensa Nacional, que podría haber limitado el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes. Pero a principios de septiembre, como consecuencia de protestas, el presidente Francisco Flores devolvió el proyecto a la legislatura y solicitó que los legisladores revisaran la medida para adecuarla a los acuerdos internacionales suscritos por El Salvador. La asamblea aprobó el 12 de septiembre una nueva versión del proyecto que no incluía la restricción.

Aunque el CPJ no documentó ningún caso de periodistas procesados o amenazados en el 2002 en represalia por su labor informativa, el gobierno impuso embargos de publicidad a los medios que criticaron los planes gubernamentales.

Periodistas salvadoreños expresaron preocupación por el hecho de que algunos medios censuran a sus periodistas. Juan José Dalton, columnista del diario de San Salvador La Prensa Gráfica, elogió el fallo de un jurado del estado de Florida, Estados Unidos, que declaró a dos generales retirados salvadoreños responsables por atrocidades cometidas durante la guerra civil y les ordenó pagar 54,6 millones de dólares estadounidenses a tres víctimas de la tortura. Dalton, además, criticó al gobierno salvadoreño por no someter a la justicia a sujetos acusados de torturar y asesinar civiles durante la guerra. El diario canceló la columna antes de su publicación, aduciendo que el artículo podría «abrir heridas» y que no respalda «la estabilidad democrática» de El Salvador.