Prefacio
Introducción
Balance Regional: Las Américas
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
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Costa Rica
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República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
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Paraguay
Perú
Estados Unidos
Uruguay
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ECUADOR

El gobierno del presidente Gustavo Noboa, en el poder desde enero del 2000, fue en general tolerante con las críticas en el 2002 y respetó el trabajo de la prensa, con la excepción de algunos incidentes en los cuales se les negó en forma temporaria a los periodistas pleno acceso al Palacio de Gobierno.

Continuando la actual tendencia regional de expresar el desencanto con los partidos políticos tradicionales, la primera vuelta de las elecciones generales de Ecuador, celebrada el 20 de octubre, tuvo como resultado que dos candidatos provenientes de partidos no tradicionales —el ex oficial del ejército Lucio Gutiérrez y el millonario bananero Álvaro Noboa (sin parentesco con el presidente)— avanzaran a la segunda vuelta, de la cual surgió Gutiérrez como ganador el 24 de noviembre. Según Participación Ciudadana Ecuador, organización no gubernamental que actuó de observador del proceso electoral, «[S]i bien la cobertura a todos los candidatos por parte de los medios ha sido aceptable,... en esta primera vuelta hubo candidatos que… tuvieron una menor presencia en las noticias».

Algunos periodistas elogiaron a los medios impresos por mantener una relativa independencia de los partidos políticos, pero señalaron que poderosos grupos bancarios que controlan medios audiovisuales (y cuyos ejecutivos fueron investigados o juzgados por cargos de corrupción) mantienen estrechos lazos con políticos. Otros periodistas indicaron que los dueños de medios, y no el gobierno, intentaron que los periodistas desistieran de investigar la crisis bancaria que causó el colapso de varios bancos privados en el 2000 y que costó cientos de millones de dólares a contribuyentes y titulares de cuentas.

Los periodistas ecuatorianos enfrentan algunas de las mismas presiones que sus colegas latinoamericanos, en particular los bajos salarios que los hacen más vulnerables a los sobornos, la amenaza de procesamientos penales por difamación, y dificultades para tener acceso a la información que guardan las instituciones del Estado, en especial el Poder Judicial.

En el 2002, Jorge Vivanco Mendieta, subdirector y columnista del diario Expreso de Guayaquil, siguió luchando contra las demandas civiles y penales por difamación que le fueran iniciadas en julio del 2001 por Fernando Rosero, diputado perteneciente al Partido Roldosista Ecuatoriano. Las demandas se derivan de varios artículos publicados por Vivanco en Expreso en los que criticaba a generales de las fuerzas armadas por no defenderse de las imputaciones de Rosero, quien los fustigó por haber comprado armamento defectuoso a Argentina. En octubre, tras numerosas apelaciones interpuestas por Rosero, la Corte Suprema desestimó la demanda penal. El proceso de apelación en el juicio civil aún continuaba a fines de año.

El 30 de septiembre, dueños de diarios le propusieron al presidente Noboa un proyecto de ley de acceso a la información, y éste se comprometió a presentarlo ante el Congreso. Aun cuando la Constitución de Ecuador garantiza el acceso a la información de conformidad con el Artículo 81, no existe ninguna ley específica que disponga los plazos y procedimientos para la divulgación de documentos o que sancione a los funcionarios que se nieguen a cumplirla.

El 18 de septiembre, el Congreso aprobó un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión. El Artículo 1 de la medida reconoce el derecho que tienen las radioemisoras comunitarias gestionadas por organizaciones indias, afroecuatorianas y campesinas de recaudar fondos a través de donaciones, anuncios pagos y publicidad. El 30 de septiembre, Noboa vetó parcialmente el proyecto de ley y lo devolvió al Congreso porque objetó varios artículos que podrían usarse para restringir la libertad de prensa. El 30 de octubre, el Congreso anuló el veto parcial de Noboa.

En febrero, el gobierno impuso el estado de emergencia en Sucumbíos y Orellana, provincias petroleras, luego de que estallaran violentas protestas antigubernamentales en la región. El decreto de emergencia autorizaba al ejército a administrar la región y restringía garantías constitucionales, inclusive la libertad de expresión. Como resultado de ello, Radio La Jungla, emisora acusada por el gobierno de incitar a la población a la violencia mediante arengas a participar en las protestas y emitir mensajes de rechazo al decreto de emergencia, fue cerrada temporalmente. El 4 de marzo, se levantó el estado de emergencia y la radio volvió a salir al aire.