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ECUADOR
El gobierno del presidente Gustavo Noboa, en el poder desde enero
del 2000, fue en general tolerante con las críticas en el
2002 y respetó el trabajo de la prensa, con la excepción
de algunos incidentes en los cuales se les negó en forma
temporaria a los periodistas pleno acceso al Palacio de Gobierno.
Continuando la actual tendencia regional de expresar el desencanto
con los partidos políticos tradicionales, la primera vuelta
de las elecciones generales de Ecuador, celebrada el 20 de octubre,
tuvo como resultado que dos candidatos provenientes de partidos
no tradicionales —el ex oficial del ejército Lucio
Gutiérrez y el millonario bananero Álvaro Noboa (sin
parentesco con el presidente)— avanzaran a la segunda vuelta,
de la cual surgió Gutiérrez como ganador el 24 de
noviembre. Según Participación Ciudadana Ecuador,
organización no gubernamental que actuó de observador
del proceso electoral, «[S]i bien la cobertura a todos los
candidatos por parte de los medios ha sido aceptable,... en esta
primera vuelta hubo candidatos que… tuvieron una menor presencia
en las noticias».
Algunos periodistas elogiaron a los medios impresos por mantener
una relativa independencia de los partidos políticos, pero
señalaron que poderosos grupos bancarios que controlan medios
audiovisuales (y cuyos ejecutivos fueron investigados o juzgados
por cargos de corrupción) mantienen estrechos lazos con políticos.
Otros periodistas indicaron que los dueños de medios, y no
el gobierno, intentaron que los periodistas desistieran de investigar
la crisis bancaria que causó el colapso de varios bancos
privados en el 2000 y que costó cientos de millones de dólares
a contribuyentes y titulares de cuentas.
Los periodistas ecuatorianos enfrentan algunas de las mismas presiones
que sus colegas latinoamericanos, en particular los bajos salarios
que los hacen más vulnerables a los sobornos, la amenaza
de procesamientos penales por difamación, y dificultades
para tener acceso a la información que guardan las instituciones
del Estado, en especial el Poder Judicial.
En el 2002, Jorge Vivanco Mendieta, subdirector y columnista del
diario Expreso de Guayaquil, siguió luchando contra las demandas
civiles y penales por difamación que le fueran iniciadas
en julio del 2001 por Fernando Rosero, diputado perteneciente al
Partido Roldosista Ecuatoriano. Las demandas se derivan de varios
artículos publicados por Vivanco en Expreso en los que criticaba
a generales de las fuerzas armadas por no defenderse de las imputaciones
de Rosero, quien los fustigó por haber comprado armamento
defectuoso a Argentina. En octubre, tras numerosas apelaciones interpuestas
por Rosero, la Corte Suprema desestimó la demanda penal.
El proceso de apelación en el juicio civil aún continuaba
a fines de año.
El 30 de septiembre, dueños de diarios le propusieron al
presidente Noboa un proyecto de ley de acceso a la información,
y éste se comprometió a presentarlo ante el Congreso.
Aun cuando la Constitución de Ecuador garantiza el acceso
a la información de conformidad con el Artículo 81,
no existe ninguna ley específica que disponga los plazos
y procedimientos para la divulgación de documentos o que
sancione a los funcionarios que se nieguen a cumplirla.
El 18 de septiembre, el Congreso aprobó un proyecto de Ley
Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión.
El Artículo 1 de la medida reconoce el derecho que tienen
las radioemisoras comunitarias gestionadas por organizaciones indias,
afroecuatorianas y campesinas de recaudar fondos a través
de donaciones, anuncios pagos y publicidad. El 30 de septiembre,
Noboa vetó parcialmente el proyecto de ley y lo devolvió
al Congreso porque objetó varios artículos que podrían
usarse para restringir la libertad de prensa. El 30 de octubre,
el Congreso anuló el veto parcial de Noboa.
En febrero, el gobierno impuso el estado de emergencia en Sucumbíos
y Orellana, provincias petroleras, luego de que estallaran violentas
protestas antigubernamentales en la región. El decreto de
emergencia autorizaba al ejército a administrar la región
y restringía garantías constitucionales, inclusive
la libertad de expresión. Como resultado de ello, Radio La
Jungla, emisora acusada por el gobierno de incitar a la población
a la violencia mediante arengas a participar en las protestas y
emitir mensajes de rechazo al decreto de emergencia, fue cerrada
temporalmente. El 4 de marzo, se levantó el estado de emergencia
y la radio volvió a salir al aire.
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