Los guerrilleros de izquierda y los paramilitares de derecha fueron acusados de la mayoría de los casos de violencia en contra de la prensa en Colombia, país al que el CPJ calificó en el 2002 como uno de los 10 peores lugares del mundo donde ejercer como periodista. Un proceso de paz de tres años con el ejército rebelde más grande del país se derrumbó en febrero, y en agosto el presidente electo Álvaro Uribe Vélez asumió con promesas de intensificar la batalla en contra de los grupos armados.

La violencia inhibió la cobertura de un conflicto que ya tiene 38 años y que enfrenta a los rebeldes izquierdistas en contra del gobierno y un ejército paramilitar de derecha. Con frecuencia, los periodistas no pudieron dar la información que hubiera podido ir más a fondo en el análisis y el contexto que se requiere para explicar cómo ha cambiado el conflicto y los motivos que impulsan a las diversas partes a combatir. En cambio, la mayoría de las noticias hicieron hincapié en las estadísticas del número de bajas, que a menudo se basan sólo en una fuente militar anónima.

Los militares también fueron criticados porque supuestamente dieron a la prensa información inexacta para resaltar la percepción de que ellos estaban ganando la batalla. Esto fue obvio en septiembre, cuando los medios reportaron una aseveración del jefe de la fuerza aérea de Colombia en el sentido de que 200 rebeldes habían muerto en bombardeos aéreos. El informe fue posteriormente desautorizado cuando los militares no pudieron explicar cómo habían calculado la cifra de muertos y admitieron que jamás se había hecho un recuento de los cadáveres.

Durante el 2002, creció la preocupación entre periodistas sobre la amenaza que pueden representar los dueños de los medios para la independencia editorial. Dos poderosos grupos empresariales con vínculos con la clase dirigente son dueños de las cadenas de televisión y de radio con mayor alcance de Colombia, RCN y Caracol. Se generalizó entre muchos colombianos la percepción de que los dueños de medios y los políticos comprenden una única clase dirigente cuando, con vistas a las elecciones presidenciales de mayo, Uribe escogió como vicepresidente a un miembro de la familia propietaria del diario más influyente del país.

Estos lazos parecen haber impedido que muchos periodistas informaran críticamente sobre las medidas económicas radicales impulsadas por Uribe luego de convertirse en presidente; y que también analizaran los cuestionamientos surgidos durante la campaña electoral acerca de los presuntos vínculos entre los carteles de la droga, Uribe y su familia. La excepción fue «Noticias Uno», programa de temas de actualidad que se emite por la estación televisiva Canal Uno, con sede en Bogotá. En abril, el programa mostró una serie informativa, producida por el director de investigación Ignacio Gómez, acerca de los supuestos lazos entre Uribe y el Cartel de Medellín. Después de haber emitido los reportajes, sujetos no identificados comenzaron a llamar al canal, amenazando con asesinar a Gómez, al director de noticias Daniel Coronell, y a la hija de 3 años de Coronell, quien fue enviada en avión fuera del país en cuanto comenzaron las llamadas. El CPJ honró a Gómez con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa en noviembre.

Aunque se acusó a la guerrilla y a los paramilitares de la mayoría de los ataques en contra de la prensa y por la muerte de dos periodistas en el 2002, estos grupos no parecen ser quienes estuvieron detrás del asesinato del periodista Orlando Sierra. Director adjunto y columnista del diario La Patria, con sede en la región cafetalera de Colombia, Sierra había denunciado en repetidas ocasiones a un grupo de caudillos políticos locales, acusándolos de saquear las arcas públicas, comprar votos y ejercer el nepotismo. El 30 de enero, mientras caminaba hacia su oficina con su hija, Sierra fue asesinado a balazos.

Los asesinatos del año 2002, junto con otras docenas de muertes en los años anteriores, obligan a los periodistas a tomarse en serio la avalancha de amenazas que reciben. Por lo menos 26 periodistas recibieron amenazas de muerte durante el 2002, y diez de ellos huyeron del país.

La más conocida de entre todos ellos es Claudia Gurisatti, principal conductora de noticieros de televisión del país, quien abandonó Colombia en febrero después de recibir llamadas telefónicas anónimas que le advertían acerca de un plan para matarla. No quedó claro quién estaba detrás de las amenazas, pero ya Gurisatti se había ido de Colombia en otra ocasión cuando las autoridades le advirtieron que los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) planeaban asesinarla. En el 2000, Gurisatti realizó una de las primeras entrevistas en vivo de los últimos años al entonces líder paramilitar Carlos Castaño. Muchos colombianos dicen que el modo afable y carismático en el que Castaño se manejó durante la entrevista contribuyó a que los paramilitares aumentaran el apoyo entre la clase media del país.

Los asesinatos y las amenazas de muerte no fueron los únicos métodos usados por los grupos armados para mostrar su desprecio hacia la prensa en Colombia. Conforme se informó, los soldados de las FARC desmantelaron una emisora de radio, hicieron volar la antena y el transmisor de otras dos, intentaron lanzar un cohete contra una emisora de televisión y secuestraron a un periodista, aparentemente para obligar a que su diario pagara el rescate y publicara un comunicado.

Los rebeldes y las autoridades gubernamentales también hostigaron a la prensa extranjera. A medida que se deterioraban las conversaciones de paz en febrero, soldados de las FARC detuvieron a un corresponsal del diario estadounidense Los Angeles Times, T. Christian Miller, y a su asistente, Mauricio Hoyos. En otro incidente ocurrido unos días después, soldados de las FARC detuvieron a Alain Kellert, fotógrafo de la revista francesa Marie Claire. Los tres —Miller, Hoyos y Kellert— fueron liberados ilesos poco tiempo después de haber sido retenidos.

En septiembre, el presidente Uribe firmó un amplio decreto sobre seguridad que le permitía al gobierno establecer zonas de seguridad para combatir contra la guerrilla y los paramilitares. El decreto les exigía a los extranjeros y a la prensa internacional que obtuvieran un permiso gubernamental para ingresar a esas zonas. Algunos corresponsales extranjeros se quejaron de que el requerimiento era innecesario, y en noviembre la Corte Constitucional dictaminó que la prensa no requería permiso del gobierno para ingresar en las zonas de seguridad.

Finalmente, en un acontecimiento que puede ser un buen presagio para la prensa de Colombia, los paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) declararon un cese al fuego indefinido y unilateral el 1 de diciembre, comprometiéndose a finalizar con los ataques en contra de los rebeldes izquierdistas y los sospechosos de colaborar con ellos. Aunque es demasiado pronto para saber si se mantendrá el cese al fuego, los periodistas en Colombia esperan que marque el fin del terror patrocinado por los paramilitares en contra de los medios.