Una intensa presión internacional ha forzado a Chile a derogar las anacrónicas disposiciones de «desacato», que datan de la época colonial, y a adecuar sus leyes a las normas internacionales sobre libertad de expresión. Algunos funcionarios y legisladores chilenos ahora dicen estar preparados para renunciar a la inmunidad especial frente a las críticas garantizada en dichas disposiciones. «Estoy totalmente convencido de que en una democracia, nos corresponde a nosotros aceptar las críticas», manifestó el diputado Víctor Barrueto, quien agregó: «Deberíamos dejar atrás las leyes que pertenecen a países autoritarios».

Sin embargo, debido a que estas leyes aún están vigentes, los periodistas chilenos siguen siendo vulnerables. En enero, el comentarista de televisión Eduardo Yáñez fue acusado de injuriar a la Corte Suprema después de haber dicho que el sistema judicial de Chile era «inmoral, cobarde y corrupto» durante un panel de debate en un programa de entrevistas de Chilevisión llamado «El Termómetro». Yáñez fue condenado el 15 de enero y apeló la decisión ante la instancia superior, la que confirmó el dictamen en octubre. Aun cuando actualmente está libre bajo fianza, el periodista no puede irse del país sin permiso de las autoridades. Yáñez podría ser condenado a cinco años de prisión y una multa, según el Artículo 263 del Código Penal de Chile. A fines del año pasado, Yáñez aún se hallaba esperando la sentencia.

Muchas otras leyes restrictivas siguen en vigencia. La ley chilena permite que el gobierno decida quién es y quién no es periodista. Y aunque la legislación garantiza el derecho a proteger las fuentes, limitan ese derecho a los periodistas «reconocidos», a los estudiantes de periodismo que realicen una pasantía, a nuevos graduados en periodismo de universidades acreditadas, directores de diarios, editores y corresponsales extranjeros. La ley también detalla que se debe tener un título en periodismo para trabajar como vocero o periodista en instituciones estatales.

No obstante, algunos acontecimientos positivos han tenido lugar en el frente legal. En octubre, el congreso aprobó un proyecto de ley que debilita los poderes que posee el Consejo de Calificación Cinematográfica para imponer censura previa al cine. El proyecto de ley restringe la autoridad del Consejo para certificar las películas por adecuación a determinado grupo de edad y también elimina la representación policial y militar dentro del Consejo. Películas que antes estaban prohibidas han sido autorizadas para ser exhibidas en público.

El 12 de septiembre un grupo de 50 de los más reconocidos periodistas fundaron una organización pro libertad de prensa llamada Periodistas por la Libertad de Expresión, con el objetivo de defender a sus colegas y alertar a los funcionarios chilenos y a la comunidad internacional sobre cualquier ataque o abuso en contra de los medios y periodistas. La asociación acompaña una reciente tendencia en América Latina —iniciada a mediados de los 90 en Argentina, Colombia y Perú— que consiste en la unión de los periodistas para defender la libertad de prensa.

Alejandra Matus, conocida periodista de investigación y vocera del grupo, explicó al CPJ que sus miembros esperan «desarrollar una red de información que detecte cualquier intento de censurar o atacar la libertad de prensa para denunciarlo públicamente». La misma Matus fue víctima en 1999 de uno de los procesos penales por difamación más notorios de Chile, cuando su obra de denuncia sobre escándalos de corrupción en el Poder Judicial, El libro negro de la justicia chilena, fue prohibida por la tristemente célebre Ley de Seguridad del Estado de 1958 y un juez emitió una orden para su arresto.

Matus consiguió asilo político en los Estados Unidos en 1999 pero retornó a Chile en noviembre del 2001, luego de que ciertas cláusulas de la ley empleada para acusarla fueran derogadas y se permitiera que su libro circulara libremente. Matus interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sigue pendiente de resolución. La Comisión Interamericana tiene la facultad de ordenarle al gobierno chileno que indemnice a Matus por los daños y perjuicios ocasionados.

Durante el 2002, siguió siendo problemático el acceso a la información del gobierno. En junio, después de que los medios criticaran duramente al Presidente Lagos durante una visita a una zona del país devastada por una tormenta, el gobierno decidió que, en los futuros viajes, sólo dos empresas de medios, elegidas por el mismo Lagos, estarían autorizadas para acompañarlo. No obstante, como consecuencia de la crítica generalizada recibida al respecto, la orden fue revocada. Una situación semejante que involucró a la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso, ocurrió en julio, cuando la prensa informó acerca de las ausencias frecuentes de los legisladores, casos de nepotismo y sus negativas a revelar el monto de sus salarios. Como resultado, la cámara restringió el acceso de los periodistas a los edificios parlamentarios.

La radio en Chile es muy vehemente en sus opiniones y su programación tiene fama de ser muy diversa y de alta calidad. Los canales de televisión estatales y privados a menudo evita cubrir cuestiones controvertidas, y llenan la mayoría de los programas de noticias con notas sobre deportes, delitos y espectáculos.

El hecho de que solamente un puñado de empresas —en particular COPESA y El Mercurio— sean propietarias de medios impresos asegura la falta de pluralismo y diversidad en los medios. No obstante, algunos periódicos publicaron historias importantes en el 2002. Por ejemplo, en un reportaje del diario La Nación, con sede en Santiago, un ex agente de la Policía Secreta reveló que durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, él y sus colegas habían sido instruidos sobre cómo ocultar información acerca de las personas secuestradas en ese período. Por otra parte, otras dos empresas de medios impresos, The Clinic y El Periodista, y dos sitios de noticias de Internet, El Mostrador (www.elmostrador.cl) y Primera Línea (www.primeralinea.cl), continúan haciendo grandes progresos con un incisivo periodismo de investigación.