La agitación económica y política en América Latina durante el 2002 tuvo profundas repercusiones para la prensa de la región. Fuertes bajas en los ingresos por publicidad precipitaron a muchos medios a la bancarrota, mientras que el fracaso en consolidar las reformas democráticas dejó a los medios en situación de vulnerabilidad frente a las agresiones físicas y el hostigamiento judicial. Durante el 2002, cinco periodistas fueron asesinados o cayeron en el cumplimiento de su labor informativa en América Latina.

La creciente debilidad de los partidos políticos tradicionales generó otro tipo de peligro para los medios: en Venezuela, la prensa dejó de lado todo tipo de expresión de neutralidad y se convirtió en fuerte oposición política. El presidente Hugo Chávez Frías respondió aumentando su ya recargada retórica en contra de los medios. En algunos casos, tanto los partidarios de Chávez como sus opositores escogieron como blanco a periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Durante el golpe del 11 de abril, Jorge Ibraín Tortoza Cruz, fotógrafo del diario 2001, fue herido de un disparo mientras cubría los violentos enfrentamientos entre los manifestantes de la oposición y los partidarios del gobierno en Caracas, la capital. Posteriormente murió a raíz de las graves heridas. En mayo, Sauro González Rodríguez, investigador del programa de las Américas del CPJ, viajó a Caracas para investigar la situación y publicó un informe especial, titulado «Carne de cañón».

Tres periodistas fueron asesinados o cayeron en el cumplimiento de su labor en Colombia, donde la prensa es blanco habitual de la guerrilla de izquierda y las fuerzas paramilitares de derecha. El CPJ aún está investigando los asesinatos de otros cinco periodistas colombianos cuyas muertes podrían estar vinculadas con sus trabajos. El fracaso del gobierno para juzgar estos crímenes ha llevado a que muchos periodistas abandonen el país, perpetuando un clima de impunidad en el cual los comunicadores son blancos de amenazas, intimidaciones, secuestros y asesinatos.

Después de ganar en las elecciones presidenciales de mayo con una plataforma basada en la seguridad, la lucha contra la corrupción y tolerancia cero a la violencia, Álvaro Uribe Vélez asumió su cargo en agosto. Los grupos defensores de derechos humanos y de la libertad de prensa le advirtieron que esta posición tan dura podría crear mayores abusos y pronosticaron una posible escalada en el conflicto. Después de que el periodista de investigación Ignacio Gómez transmitió al aire una nota en un popular noticiero televisivo en la cual se vinculaba a Uribe con narcotraficantes, el presidente argumentó que «una cosa es la prensa libre, y otra muy diferente es la prensa al servicio de testaferratos y de negocios turbios».

Los periodistas haitianos continúan enfrentando considerables peligros, y varios profesionales de prensa han debido exiliarse. El 25 de diciembre, dos hombres armados atacaron la casa de Michèle Montas, directora de noticias de Radio Haïti-Inter, asesinando a un guardia de seguridad. Montas es la viuda de Jean Léopold Dominique, destacado periodista y dueño de la emisora de radio que fue asesinado el 3 de abril del año 2000. Montas ha criticado duramente el lento avance de la investigación que siguió a la muerte de su esposo.

En América del Norte, las medidas cada vez más duras que tomó el gobierno de los Estados Unidos para ocultar sus actividades del escrutinio público, como por ejemplo las acciones emprendidas para restringir la capacidad de la prensa de obtener documentos conforme a la Ley de Libertad de la Información, fueron un mal ejemplo para el resto del hemisferio en un momento en el cual los periodistas en América Latina han logrado avances en su batalla por una mayor apertura gubernamental. En una importante victoria, el presidente mexicano Vicente Fox firmó en junio la primera ley de libre acceso a la información pública, conocida como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En otros países, el colapso económico alimentó las crecientes crisis sociales. Argentina, que había respaldado con mayor entusiasmo las políticas de libre mercado de los Estados Unidos, sufrió una devaluación de su moneda, gran agitación política y disturbios en el 2002. El colapso de la tercera economía más grande de América Latina llevó a la gente a manifestarse en las calles en contra de las acciones del gobierno, fomentando ataques contra los periodistas que cubrieron las protestas, y expuso la corrupción existente entre políticos y empresarios. Todos estos factores han alentado un clima de temor previo a las elecciones presidenciales del 2003.

Mientras que la mayoría de los partidos políticos de la región están perdiendo apoyo popular, la democracia en Brasil ha madurado, y sus instituciones se han fortalecido con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre. Pero aun cuando los periodistas trabajan en un clima relativamente libre de persecuciones políticas, los narcotraficantes continúan amenazando a la prensa. El brutal asesinato de Tim Lopes, un laureado periodista de investigación de TV Globo, llamó la atención sobre los serios riesgos que enfrentan los periodistas cuando cubren el crimen organizado.

La última década de democratización en América Latina no siempre ha alentado las necesarias reformas legislativas y judiciales que permitirían institucionalizar la libertad de prensa en toda la región. Muchos países sostienen cláusulas de la era colonial conocidas como leyes de desacato, que penalizan expresiones que insulten el honor y la dignidad de los funcionarios públicos. Las leyes de difamación siguen existiendo en los códigos penales de la mayoría de los países a pesar de una declaración del año 2000 realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de que «la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público…». Esta entidad, que tiene sede en Washington, D.C. y que constituye el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, ha sido un foro fundamental para la defensa de la libertad de expresión en América Latina. En marzo, el abogado argentino Eduardo A. Bertoni reemplazó a Santiago A. Canton, quien se convirtió en director ejecutivo de la CIDH, como Relator Especial para la Libertad de Expresión.

Si bien los procesamientos penales por difamación son habituales en toda la región, Panamá quizás posea el entorno con mayores restricciones legales para la prensa de toda América Latina. Casi la mitad de los periodistas panameños enfrentan procesos penales por difamación, la mayoría de ellos iniciados por funcionarios enojados por las denuncias que hizo la prensa sobre corrupción política.

La excesiva concentración de propietarios de medios en un puñado de poderosos grupos económicos es también una amenaza para la libertad de prensa y socava el pluralismo informativo. Con la ayuda de mercados liberalizados y privatizados, unos pocos grupos dueños de medios en América Latina —con frecuencia vinculados a los partidos políticos gobernantes— han levantado prósperos imperios multimediáticos, que concentran intereses privados a expensas de objetivos políticos y sociales más amplios. La ausencia de legislación antimonopolio ha generado que muchos periodistas y grupos de libertad de prensa sean pesimistas acerca del futuro. La cobertura periodística se basa con frecuencia en la visión ideológica y económica de los propietarios de medios, quienes ven a sus empresas como una forma de obtener poder político. Al mismo tiempo, el uso de la publicidad gubernamental para recompensar o castigar a las empresas de medios afecta seriamente el periodismo independiente, y de este modo daña la libertad de expresión.

Carlos Lauría es el coordinador del programa de las Américas del CPJ. Sauro González Rodríguez es el investigador del programa de las Américas del CPJ, y realizó una labor exhaustiva de investigación y redacción para esta sección. Joel Simon, subdirector del CPJ, Michael Easterbrook, periodista free-lance basado en Bogotá, y Trenton Daniel, receptor de la beca internacional de periodismo Pew de la primavera del 2003, también contribuyeron para esta sección. La Robert R. McCormick Tribune Foundation proporcionó un importante apoyo a la labor del CPJ en las Américas en el 2002. La Tinker Foundation apoya la campaña del CPJ a favor de la despenalización de la difamación en las Américas.